Las empresas públicas y la retención del IVA

octubre 2, 2015

Camilo-LondonCamilo London Arena.- La retención del IVA se establece en Venezuela en 1998 para los compradores de metales preciosos y diamantes, lo que se amplía a partir del año 2003 cuando se designan como agentes de retención a los contribuyentes especiales y a los entes públicos.

La instrumentación de un sistema de pagos a cuenta del tributo, sin lugar a dudas ha tenido una importante contribución para combatir la evasión del Impuesto al Valor Agregado.

La obligación establecida a los agentes de retención del IVA es un mecanismo a través del cual éstos dejan de pagar a sus proveedores entre un 75% y 100% del importe del impuesto recargado las facturas por ventas de bienes y prestación de servicios gravados.

El dinero retenido no es de los agentes de retención, sino un pago que debe atribuirse a los contribuyentes que son objeto de la sustracción, dinero que entonces, debe ser enterado o pagado por dichos retenedores en las arcas del Tesoro Nacional en los plazos y demás condiciones fijadas por la normativa jurídica.

Quien designa al agente de retención no es el contribuyente, sino la ley que rige al tributo, la cual puede delegar dicha designación a la Administración Tributaria. Por otra parte, al darse la retención, el Código Orgánico Tributario (COT) establece de forma taxativa que dicha retención es equivalente al pago del contribuyente objeto del procedimiento recaudatorio y que el agente de retención es el único que debe responder frente al Sujeto Activo por la retención que ha realizado conforme a lo dispuesto en la norma.

De forma tal, que la falta de enteramiento del tributo al Tesoro Nacional por parte del agente de retención, es equivalente a que dicho ente se apropie de recursos que son aportados por el contribuyente que soporta la retención.

Cuando un particular, una empresa del Estado, u otro ente público, efectúan una retención del IVA o de cualquier otro tributo, y no la entera oportunamente al Sujeto Activo, causa un grave perjuicio al presupuesto nacional.

Se trata de la apropiación indebida y abusiva de recursos del Estado que no deben tener asignación directa a estas empresas o entidades. Ese dinero sustraído a sus proveedores no les pertenece y no deben disponer libremente de él.

El COT establece severas sanciones a los agentes de retención que se apropien de los recursos sustraídos a los contribuyentes objeto del procedimiento de pago a cuenta del tributo definitivo, sean estos del sector privado o público. Allí, se dispone que la multa por enterar tardíamente el impuesto retenido, puede ser de hasta un 500%. Pero en el caso de que la Administración Tributaria detecte dicha omisión antes de que el agente de retención cumpla con el respectivo enteramiento del impuesto sustraído al contribuyente, la sanción se incrementa al 1.000% del tributo apropiado en forma indebida, en cuyo caso además, aplicará al infractor la sanción de prisión de cuatro (4) a seis (6) años.

Si la sanción antes citada asusta a cualquiera, se debe acotar en añadidura, que en los casos de las máximas autoridades de entes públicos, tesoreros, administradores y demás funcionarios con competencias para ordenar pagos de las entidades u órganos públicos, estos serán personal y solidariamente responsables entre sí, por el cabal cumplimiento de los deberes relativos a la retención, percepción y enteramiento de los tributos que correspondan. Estableciéndose en el COT que el incumplimiento de esas obligaciones será sancionado con multa equivalente a tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.), sin menoscabo de las sanciones que correspondan al ente público o empresa del estado donde estos laboren.

Ni los particulares, y mucho menos las empresas públicas deben financiarse con el dinero retenido a los contribuyentes por concepto de tributos, dichos recursos son del Estado, pagados por los que son sometidos a la sustracción impositiva prevista en la ley. Así como se imponen gravosas sanciones a los agentes de retención del sector privado para evitar que se incurra en el delito que representa una apropiación de recursos aportados por los ciudadanos contribuyentes, igualmente debe sancionarse a los que desde los entes y empresas públicas, incurren en tales infracciones.

En este tema se requiere del mayor respaldo al SENIAT para que pueda cumplir su función de control sobre los agentes de retención de impuesto, sin que dicha labor sea afectada o limitada por el carácter público que detente la empresa que la realice.

 

@eltributario

 

Camilo London
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