Expertos afirman que el IGTF amenaza la capacidad contributiva de los afectados

enero 31, 2016
Seniat
El impuesto entra en vigencia mañana 1 de febrero (Archivo)

Como un “Robin Hood bolivariano”, así se autodefinió el presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado 30 de diciembre cuando anunció una serie de Decretos Ley en materia fiscal que tendrían como objetivo, en sus propias palabras, “quitarle a los más ricos para darle a los más pobres”. Entre estos destaca el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) que entra en vigencia mañana 1 de febrero.

El nuevo tributo pecha las transacciones realizadas en banca y fuera del sistema financiero con una alícuota de 0,75% sobre el importe total de la transacción y será aplicado a un estimado de 3.000 grandes capitales en todo el país. Datos de la empresa consultora ODH, publicados en prensa, indican que el IGTF contribuiría a la colección de 12 mil millones de bolívares adicionales en impuestos durante 2016.

Pese a los beneficios aparentes, expertos en materia tributaria afirman que el nuevo impuesto, lejos de ser positivo para los venezolanos, atenta contra la capacidad contributiva de los destinatarios y traería como consecuencia una mayor desaceleración de la economía.

“Los grandes capitales”

El Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras fue uno de los últimos instrumentos legales promovidos por el presidente Maduro vía Habilitante, y fue publicado como un Decreto con Rango, Valor y Fuerza en la Gaceta Oficial N° 6.210.

En el artículo cuatro de la legislación se establece como principal contribuyente de este impuesto a las personas jurídicas identificadas como sujetos pasivos especiales. Para el asesor tributario Camilo London esta es una de las principales contradicciones del Decreto, ya que ser calificado como sujeto pasivo especial no equivale, necesariamente, a ser un gran capital.

Según la normativa del Seniat son sujetos pasivos especiales las personas naturales y jurídicas que han sido expresamente notificados por el organismo tributario de su condición, atendiendo a requisitos como el nivel de ingresos brutos, la región del país en la que estén ubicados y la estrategia de contribución tributaria.

London explica que una empresa de gran capital de Maracaibo puede no ser considerada sujeto pasivo especial, porque en la entidad hay otras de mayor tamaño. Mientras que en Puerto Cabello, una empresa de menor tamaño que la de Maracaibo puede ser considerada sujeto pasivo especial, por ser una de las más grandes de la entidad.

“El ser contribuyente especial no necesariamente se relaciona con una mayor capacidad contributiva”, explica el asesor tributario. Para quien la normativa representa “una posible violación al principio de justicia tributaria” que establece que todos debemos contribuir en función a nuestra capacidad.

El cobro del IGTF también recaerá sobre las personas jurídicas y entidades económicas vinculadas jurídicamente a los sujetos pasivos especiales, así como a las personas naturales y entidades económicas que, sin estar vinculados a estos sujetos, realicen pagos a nombre de ellos a través de sus cuentas personales. En este último caso el impuesto sólo se cobrará a esas transacciones específicas.

Por otro lado, el Decreto establece que el IGTF no se puede deducir del Impuesto sobre la Renta (ISLR) lo que, según los expertos, atenta contra el principio de progresividad establecido en el artículo 316 de la Constitución.

“Eso es un exabrupto. De acuerdo con la Constitución el sistema tributario debe ser progresivo. Eso quiere decir que se debe gravar más a los que tienen más, y gravar menos a los que tienen menos, además se debe gravar de igual medida a igual nivel de ingreso”, explica Carlos Weffe, abogado especialista en derecho tributario, quien agrega que una de las maneras de lograr esta distribución equitativa es a través de la regulación del sistema tributario alrededor del Impuesto sobre la Renta.

Para el abogado, el hecho de que no se descuente el IGTF del ISLR va a incrementar la presión fiscal de algunos sectores y va a poner en riego la capacidad contributiva de los afectados.

Poco tiempo

Uno de los puntos más controversiales del IGTF ha sido el poco tiempo para su aplicación y falta de instrucciones precisas. Del 30 de enero al 1 de febrero la banca venezolana ha contado con poco más de un mes para adaptar sus sistemas para el pechaje de las transacciones.

Uno de los principales problemas es la determinación de a quiénes se le cobrará el impuesto. Aunque los sujetos pasivos especiales están al tanto de su condición, la banca no tiene porque saber quienes son, y para mediados de enero aún no habían recibido esta información por parte del Seniat.

“Los bancos tienen la obligación de percibir el impuesto y entregarlo al Seniat, pero no saben quien es sujeto pasivo especial y quien no. Es necesario que los bancos tengan la base de datos de los sujetos que son calificados como sujetos pasivos especiales y las cuentas de qué sujetos deben marcarse”, explica Weffe.

Otro problema surge con la posibilidad de doble tributación en casos especiales que aún no ha sido aclarada. Si una persona natural actúa como intermediario y realiza un pago de su propio bolsillo por cuenta de un pasivo especial esa transacción será tasada con el IGTF. El problema surge cuando el sujeto pasivo especial le haga un rembolso al intermediario y la transacción vuelva a ser pechada, incurriendo así en doble tributación de la misma operación.

“La implementación de un impuesto complejo como este requiere un poco más de tiempo porque hay que modificar todos los sistemas operativos de la banca y hay una serie de procedimientos administrativos que hay que seguir”, afirmó Weffe.

Un impuesto de guerra

La creación del IGTF fue presentado por el Presidente de la República en el marco de una serie de anuncios que, en teoría, buscan poner fin a la crisis financiera y económica que enfrenta el país. Sin embargo, muchos analistas y personalidades del ámbito político y económico no han dudado en afirmar que el tributo puede hacer más daño que bien, debido a su alto potencial inflacionario.

“Este es un impuesto que por sus características es extraordinario y se aplica en circunstancias de conmoción social, de guerra o de postguerra. Donde es necesaria una rápida financiación estatal para poder atender a los deberes propios de la reconstrucción de un país luego de la guerra o para financiar el esfuerzo bélico. El impuesto no debe formar parte del día a día de un sistema tributario sano”, destacó Weffe.

A juicio del abogado, el tributo contribuiría a agravar el cuadro de postración económica y tendría un impacto negativo en las inversiones que son necesarias para poder reconstruir económicamente al país.

“El impuesto supone un freno a la iniciativa privada y un freno al emprendimiento porque si yo por ganarme Bs. 100 mil voy a terminar pagando IGTF, pues prefiero no crecer”, explicó.

London agrega que el tributo es altamente perjudicial porque es inflacionario y grava incluso a las entidades que no tendrían la capacidad real para cumplir con el pago. “Es como una quimioterapia, acaba con todos los glóbulos blancos que en este caso serían las empresas o entidades productivas”, concluyó.

Carmen María Rodríguez Torres

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