Víctor Álvarez R.- En Venezuela el diálogo político está distorsionado por el discurso hostil y la tozudez con la que Gobierno y Oposición petrifican sus posiciones. No piensan en el país. Por el contrario, lo hunden con su pliego de exigencias inconciliables en el que cada quien clava sus puntos de honor. No admiten concesiones, ni siquiera para priorizar el interés nacional. Mientras la Oposición condiciona el diálogo a la convocatoria del Referendo Revocatorio (RR), el Gobierno espera que -a nombre de facilitar el diálogo- la Oposición desista del RR.
Ambos bandos han devaluado el diálogo político. Por un lado, Henrique Capriles, al poner en duda la victoria de Maduro en las presidenciales de 2013, motivó los hechos violentos de aquel año. Luego, la posición de Leopoldo López,quien con su consigna de“Maduro vete ya” se desmarcó de la vía electoral que retomó Capriles y encabezó una ola de violentas protestas que quedaron reducidas a pequeños grupos cuya arbitrariedad fue rechazada por la propia base opositora queprefirió recuperar la tranquilidad en sus urbanizaciones. De otro lado, los excesos del Gobierno, que cada vez que pierde una elección (Alcaldía Mayor, gobernaciones, alcaldías, Asamblea Nacional) inmediatamente procede a despojarla de sus funciones constitucionales y legales, las cuales pasan a ser ejercidas directamente por el gobierno. Y al subordinar otros poderes públicos a sus directrices, contraviene el principio dela separación e independencia de los poderes públicos.
En las Parlamentarias del 6-D, la ciudadanía se pronunció por el reencuentro y la paz. Pero el Gobierno y la Oposición no escuchan a una Nación que clama por un diálogo sincero y fructífero que ayude a consensuar los grandes acuerdos que detengan el deterioro y saquen al país de la crisis. Pero las élites políticas-lejos de buscar puntos de encuentro que prioricen el interés nacional-, parecen obstinadas en exterminarse y apuestan a una gran batalla final.
Las crecientes tensiones entre el Gobierno y la Oposición han impedido aprobar las políticas y leyes que se requieren para reactivar la economía y erradicar la escasez. En lugar de cooperar y complementarse, ambos poderes se sabotean su gestión. Así, mientras la AN rechaza los decretos que dicta el Poder Ejecutivo, el Gobierno le exige al TSJ que declare la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo.
Desde su instalación, la Oposición se planteó interrumpir el mandato de Nicolás Maduro. En respuesta, el Gobierno decretó la emergencia económica y el estado de excepción.Pero si no se toman las urgentes medidas para enderezar el rumbo de la economía, aun cuando la Oposición logre revocar el mandato de Nicolás Maduro, recibirá una economía tan deteriorada que tendrá que tomar severas medidas que agravarían la conflictividad social, y así tampoco podría gobernar.
Más de un 80 % de la población clama por un gran acuerdo nacional que detenga el deterioro y saque al país de la crisis. Pero la Oposición pospone la reunión con Unasur para acordar una agenda de diálogo y el Gobierno desestima las medidas económicas que le recomienda la Unión de Naciones Suramericanas para sacar al país de la crisis.
Justo cuando se daban los primeros pasos de la mediación internacional de los expresidentes Zapatero, Fernández y Torrijos, Luis Almagroinvocó la Carta Democrática para Venezuela. ¿Contribuirá esto a facilitar el diálogo o será un factor perturbador?
La Carta Democrática es un acuerdo para preservar la institucionalidad democráticaen los estados miembros de la OEA. Fue aprobada en Lima después de la degeneración del gobierno de Alberto Fujimori,quien luego de haber sido electo democráticamente, disolvió el parlamento e impuso un régimen autoritario que violó el orden constitucional y debilitó las instituciones democráticas.
La ruptura del orden constitucional no ocurre únicamente cuando se perpetra un golpe de estado contra un gobierno democráticamente electo. La legitimidad de origen también se pierde cuando un gobierno electo en las urnas no garantiza los derechos esenciales de una democracia integral, tales como el respeto a los derechos humanos, el sometimiento al estado de derecho, las elecciones oportunas y transparentes, la consulta popular para solucionar las crisis de gobernabilidad, la separación e independencia de los poderes públicos, la transparencia en el manejo de los fondos públicos, la libertad de expresión, etc.
Son indicadores de la devaluación del gobierno la escasez, acaparamiento y especulación de alimentos y medicinas; la inflación y alto costo de la vida; el racionamiento eléctrico y los cortes de agua; el colapso del sistema educativo y hospitalario; el deterioro de los servicios públicos y de la infraestructura;los robos, secuestro, homicidios y otras formas de criminalidad; lacreciente conflictividad social; la criminalización de la crítica y de las protestas; el uso de armas de fuego en el control de reuniones públicas y manifestaciones pacíficas.
La devaluación de la política se agrava con el debilitamiento de las instituciones democráticas, el allanamiento de la inmunidad parlamentaria para lograr una mayoría espuria en la AN; las maniobras para inhabilitar y sacar de la contienda electoral a candidatos ganadores; la prisión de dirigentes estudiantiles, sindicales y políticos críticos; el amedrentamiento a periodistas y medios de comunicación social;el nepotismo y tráfico de influencias en el nombramiento de altos funcionarios; la colonización y abuso de poder en detrimento de otros poderes públicos; los estados de excepción y la suspensión de garantías constitucionales.
Venezuela está cansada de una diatriba política que la ha puesto al borde de una conmoción social y crisis de gobernabilidad. Solo a través del diálogo político franco y sincero se podrá conjurar la amenaza de una conmoción social que lance al país por la espiral de la violencia política. Es hora de entender que no es más poderoso quien aniquila a su rival, sino quien demuestra su sabiduría y capacidad para coexistir con él.
