Fraude constituyente

mayo 27, 2017

fernando_fernandezFernando M. Fernández.- Convocar a una constituyente originaria sin consultar el pueblo es un fraude a la Constitución y una estafa al soberano. Solo el pueblo puede convocar al mismo pueblo para decidir si quiere un nuevo Estado, eso es un axioma inviolable. Lo que quieren hacer es una usurpación de un derecho humano fundamental de toda la Nación. Inaceptable.

En una república democrática de verdad, el Poder Constituyente originario emana del voto del pueblo soberano, exclusiva y excluyentemente. El pueblo es el único sujeto legítimo que puede convocar a una constituyente, ningún poder constituido puede usurpar su derecho. Sin embargo, Carl Schmitt el filósofo nazi de mayor importancia decía (1927) lo siguiente: “soberano es quien dicta el estado de excepción”. Esa es intención, querer actuar como lo hacía el Führer o como un rey absolutista. El totalitarismo y las monarquías del pasado tienen un punto en común: el desprecio al pueblo y la negación de su soberanía.

Así, la Constitución de 1999 establece que la facultad constitucional limitada de quien ocupe la Presidencia de la República es, solamente, la de iniciar el proceso constituyente (facultad de iniciativa), mas no la de convocarlo (facultad de convocatoria), que es monopolio exclusivo y excluyente del pueblo, según mandato expreso del artículo 347 constitucional, único sujeto legítimo para convocarlo quien, además, también posee iniciativa como parte del derecho humano a la democracia, es decir, a participar directamente en los asuntos públicos o a votar por una representación (Ver mi artículo: Democracia es un derecho humano).

En fecha 1° de mayo de 2017 Maduro dictó el Decreto N° 2.830 (“Decreto”) y el Decreto N° 2.831, mediante los cuales “convoca” a una Asamblea Constituyente a la cual llamó “comunal” y “militar” donde designó la Comisión de miembros del partido de gobierno quienes elaboraron una propuesta para las bases comiciales territoriales y “sectoriales”, es decir, no serán universales y, con ello, el gobierno se garantiza el control de la mitad de la Asamblea Constituyente. El Decreto ya fue entregado al CNE, cuya Presidenta anunció de forma rauda y veloz su procedencia. Cosa que no hizo con el revocatorio ni lo ha hecho con las elecciones regionales: una burla, pues.

Las fases de una convocatoria al Poder Constituyente son estos: a) Iniciativa; b) consulta al pueblo para saber si quiere cambiar la Constitución o no; c) en caso positivo se estima que es la convocatoria hecha por el pueblo; d) elección de los constituyentes; e) deliberaciones y redacción de la nueva constitución; y f) votación para saber si el pueblo aprueba o no la nueva constitución con un nuevo Estado. En este sentido, la iniciativa solo constaría de una pregunta: ¿Quiere Ud. convocar a una Asamblea Constituyente para cambiar el modelo de Estado venezolano? Respuestas: Si o No. Eso es todo.

Una Constituyente puede eliminar, cambiar o sustituir todas las instituciones y sus titulares del poder constituido, a saber: Presidencia, Asamblea Nacional, fiscales, gobernadores, jueces, etc. Puede imponer la pena de muerte otra vez y subir el límite máximo de pena por más de 30 años de prisión. Puede eliminar los estados para crear provincias. Sus decisiones no podrán ser contrariadas por el poder constituido, el cual estará subordinado a la constituyente. Es obvio que, de cumplirse el objetivo político trazado por Maduro, la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, será la institución eliminada de inmediato. Ha sido tradicional en varias de las últimas constituciones este proceso de destituciones (en 1952 ocurrió con todos los jueces, en la de 1999 pasó con el Congreso y se creó el Congresillo). Seguro también se destituirá a la Fiscal General, a los fiscales, a los jueces y a los gobernadores que no se plieguen a sus designios.

Hay que imaginar lo que harán con las cárceles, pobladas con centenares de presos políticos y de conciencia, a quienes se les acusa de terroristas, enemigos del pueblo y otras etiquetas demonizantes como pertenecer a la delincuencia organizada o de cometer delitos militares, por ejemplo. Para ello se valen de detenciones arbitrarias, usando tribunales militares y de cargos penales ambiguos o inapropiados para causas civiles. Lo cual ha sido denunciado por AMNISTÏA INTERNACIONAL (Ver: Silencio a la fuerza. Detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela).

Sin legitimidad alguna para convocar, de todas formas lo hacen por encima del pueblo soberano. Sin legalidad ni mayoría quieren obligar a toda la Nación a la fuerza y con engaño. Imposible mayor desatino y arrogancia. No lo acepto.

 

@FM_Fernandez

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