La Cámara de Comercio de Caracas manifiesta su preocupación ante actos que lesionan los derechos de la libertad y la propiedad

La Cámara de Caracas quiere manifestar su preocupación cívica, anclada en sus valores institucionales, en relación a varios actos y actuaciones que afectan, lesionan y cercenan los derechos fundamentales del ciudadano, obstaculizando “su goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente”, actitud que debe ser permanente y obligatoria, de conformidad con la Constitución, con los tratados suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen”, a tenor de los dispuesto en el artículo 19 de nuestra Ley Fundamental:

1. La aprobación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente de un Impuesto a los Grandes Patrimonios (IGP), que crea una exacción sin la debida y constitucionalmente exigida consulta a la ciudadanía a través de las academias, las instituciones especializadas, las universidades, los empresarios, trabajadores , los municipios e incluso la Administración tributaria nacional.

Este impuesto se caracteriza además:

  1. Por su falta de armonización y coordinación con otros tributos nacionales (especialmente el Impuesto sobre la Renta -ISLR) y el impuesto inmobiliario urbano que corresponde a los municipios, lo cual genera una múltiple imposición económica que conduce a una imposición confiscatoria.
  2. No constituye un gasto deducible de acuerdo a la ley a los fines de la determinación del impuesto sobre la renta, lo cual lo hace más gravoso.
  3. El IGP acentúa la regresividad del sistema tributario por cuanto la manipulación constante anual de la Unidad Tributaria, muy por debajo de la inflación real, en los últimos años, ha llevado a que muchas pequeñas empresas hayan sido calificadas, sin serlo efectivamente, “contribuyentes especiales”.
  4. Dificulta la inversión nacional y extranjera directa, la capitalización e impide la adquisición de bienes de capital y con ello de sistemas de tecnología de punta requeridos para reactivar el aparato productivo.
  5. Por consiguiente, se transforma el IGP en un castigo al empresario que en virtud de la comprometida situación económica y financiera que enfrenta el País genera pérdidas, no obteniendo rentabilidad. no por decisión propia sino por un marco económico adverso y lesivo a la libertad económica y a la propiedad.

2. La existencia de una voracidad fiscal municipal, que en abierta extralimitación de la autonomía y, por consiguiente, en violación directa a la Constitución y a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, han venido:

  1. Exigiendo el pago del Impuesto a las Actividades Económicas (IAE) en petros y en divisas, lo cual está expresamente prohibido por el ordenamiento jurídico.
  2. Estableciendo alícuotas diferentes en violación a los principios de generalidad e igual ante la ley, para aquellas empresas contribuyentes que son constreñidas al pago del impuesto en divisas con respeto a aquellas que deciden hacerlo, conforme a la ley, en bolívares soberanos.
  3. La creación de Unidades Tributarias con valor distinto debería fijarse conforme a la Código Orgánico Tributario.
  4. La exigencia, so pena de sanciones, de la máquinas fiscales conforme a los requisitos previstos en la Providencia 041 del 6 de octubre del 2018, cuya inoportuna exigibilidad e imposibilidad de cumplimiento, dada la crisis económica y la debilidad extrema del suministro de energía eléctrica e internet ha sido señalada por esta Cámara anteriormente, ejercicio de potestad sancionatoria que no se corresponde con las competencias autonómica limitadas del municipio.
  5. La exigencia indebida, inconveniente, y sobre todo antijurídica, de anticipos diarios y declaraciones semanales, en violación a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal al cambiar la anualidad del IAE, adosados sobre el régimen de anticipos y declaraciones de contribuyentes especiales del IVA e ISLR, ya de suyo violatorios de la esencia de esos impuestos y del ordenamiento jurídico, afectando aún más el cumplimiento de obligaciones legales y contractuales, derivado del apoderamiento por vía de imposición del flujo de caja operativo de las empresas.
  6. La adopción de vías de hecho contra las empresas, tales como cierres de establecimientos, prohibición de circulación de vehículos que transportan bienes, inicios compulsivos de procedimientos de cobro, etc.

3. En la misma orientación de lesión de los derechos y libertades cívicas debemos hacer mención expresa al acto administrativo dictado por el Servicio Autónomo de Registros y Notarias (SAREN) mediante el cual sin estudio y racionalidad económica establece una clasificación discriminatoria de actividades económicas a los fines de establecer los montos exigidos para la constitución de sociedades mercantiles bajo la justificación de ser “un mecanismo que conlleve a su vez, a la simplificación, optimización y racionalización de dichos tramites” (constitución de sociedades mercantiles).

La referida disposición constituye un desestimulo para la inversión, el emprendimiento, la formalización de la actividad económica que genera evasión y falta de calidad de los productos, la generación de empleo.

Por todas las razones expuestas, la Cámara de Caracas expresa su profunda preocupación, haciéndola del conocimiento de la ciudadanía, de los empresarios y de los órganos del Poder Público a los fines de:

  1. Proceder a la inmediata restitución de los derechos fundamentales de la ciudadanía para el libre acceso de bienes y servicios, corregir, derogar y evitar los actos, actuaciones y vías de hecho que lesionan los derechos de libertad y propiedad, premisas esenciales para la productividad, la garantía de ejercicio y goce de los derechos fundamentales de los ciudadanos y empresarios, antes indicados.
  2. Asentar las bases de la reactivación económica y el incremento de la productividad.
  3. Evitar el cierre de empresas y el desempleo.
  4. La informalidad de la economía que afecta el desarrollo del país, estimula el contrabando, afecta a la industria y al comercio nacional y genera evasión fiscal.
  5. Establecer bases de convivencia necesarias para la paz social. 
  6. La búsqueda de la seguridad jurídica.

 

Fuente: Cámara de Comercio de Caracas

 

 

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