Apuntes de una cuarentena: La Iniciativa de Nearshoring y Venezuela

Luis Gerardo GarcíaLuis Gerardo García.- Esta semana pasada, el ex Director de Asuntos Hemisféricos Occidentales y asesor del Gobierno estadounidense, Mauricio Claver-Carone, declaró a Reuters que Estados Unidos fomentará financieramente el “nearshoring”, incentivando a las empresas estadounidenses a trasladar su producción desde China hacia Latinoamérica. El tamaño del compromiso financiero, según Claver-Carone, sería entre treinta y cincuenta millardos de dólares, pudiendo nosotros suponer que las condiciones de financiamiento serán suficientemente laxas.

Haciendo a un lado las fricciones comerciales existentes entre China y Estados Unidos, esta iniciativa se enmarca en la “nueva normalidad” comercial orientada a reducir la dependencia en un solo proveedor global en industrias esenciales (tal como la industria farmacéutica, aunque Claver-Carone apuntó a los sectores de transporte, energía e infraestructura). La idea subyacente es rebalancear el riesgo que supone depender de una oferta de bienes y servicios alejada geográfica y políticamente.

En un artículo anterior identificábamos al “nearshoring” como una de las políticas que se verían favorecidas por la pandemia. En los últimos años el mundo ha visto cómo se vuelven más dependientes de China como suplidor, en especial en equipos sensibles. Por otra parte, hay experiencias recientes donde se han privilegiado intereses locales: en abril pasado, España acusó a Turquía de apropiarse indebidamente de un cargamento de ventiladores (irónicamente, adquiridos a China). La corrección natural a este tipo de situaciones es incrementar la capacidad de producción, bien sea local o cercana, para asegurar una oferta inide bienes esenciales, razón por la cual el capital se dirigirá hacia opciones de “nearshoring” que ofrezcan una relación atractiva de riesgo/rendimiento. Es aquí donde Venezuela puede explotar una situación competitiva interesante: la posibilidad de utilizar la capacidad industrial instalada ociosa para producir bienes en un relativo corto plazo y a un costo competitivo.

Según la encuesta más reciente de Conindustria, correspondiente al primer trimestre de 2020, vemos que la capacidad instalada utilizada en Venezuela era de 18%, mientras que Colombia mostraba una utilización de su capacidad de 79%, y Brasil y Argentina mostraban una utilización de 78% y 60%, respectivamente. Esto pudiera indicar que Venezuela tiene un potencial de crecimiento más atractivo que otros países de la región, pudiendo argumentarse que los recursos necesarios para reactivar dicha capacidad ociosa serán mucho menores que los que se requerirían para ampliar la capacidad instalada en Colombia o Brasil.

Es obvio que nuestro análisis peca de un simplismo importante: no necesariamente la capacidad instalada es la necesaria, o está en la industria requerida. También asumimos que el parque industrial es rescatable, pero desconocemos su verdadero estado, así que podría ser más oneroso reactivar la capacidad ociosa si hay un gran deterioro en las maquinarias. Por otra parte, hace falta más que la simple demanda para incrementar la oferta, y en Venezuela es imprescindible un acuerdo o compromiso político amplio que resulte, entre otras cosas, en la movilización de capitales sin amenaza punitiva.

También las empresas deben prepararse y adecuarse a esta nueva realidad, adoptando sistemas de información gerencial y organigramas corporativos orientados a la rendición de cuentas, la adecuada distribución de las responsabilidades y la generación de información relevante en un tiempo apropiado. No menos importante, las empresas deben adoptar principios de gobierno corporativo orientados a alinear los intereses de la compañía y sus accionistas, y brindar protección adecuada a los accionistas minoritarios. Esta es una consideración importante en las iniciativas norteamericanas, que otorgan un gran peso a la transparencia y penan la opacidad y la discrecionalidad excesiva.

Una incursión en el mercado de valores cataliza todos estos cambios corporativos. Además del obvio atractivo como fuente de financiamiento, una emisión pública de valores conlleva una serie de beneficios subjetivos derivados de las obligaciones que asume el emisor y que le permite dar ese salto cualitativo para convertirse en una corporación.

Todo lo anterior toma tiempo y debe ser afrontado con una visión estratégica de largo plazo, en especial cuando hay elementos, como el acuerdo político, que escapan al control de la empresa. Como todos los planes de largo plazo, exige flexibilidad y paciencia para ver los frutos de esas acciones. Todo viaje comienza con un primer paso, y el destino puede ser muy enriquecedor.

 

@VzlanaF

 

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