Gobierno de España aprueba medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral

El Gobierno de España informó este martes que el Ejecutivo ha aprobado dos reales decretos que están dirigidos a garantizar la plena igualdad entre mujeres y hombres en el entorno laboral y que, a juicio de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y de la ministra de Igualdad, Irene Montero, sitúan a España a la vanguardia de Europa en este terreno. Los textos otorgan rango de ley a los reglamentos de Igualdad Retributiva y de Planes de Igualdad.

“A partir de hoy, se acabó que un hombre y una mujer en nuestro país, en nuestras empresas, puedan percibir retribuciones diferentes”, ha manifestado la titular de Trabajo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete. Yolanda Díaz ha indicado que esta normativa asegura la corrección de la discriminación salarial en las empresas, una desigualdad que ha calificado de “aberración democrática”, pues vulnera los derechos fundamentales de la mitad de la población.

Ambas ministras han recordado que la brecha de género no se limita al ámbito retributivo, sino que también se refleja en la precariedad de los empleos y las dificultades de conciliación de la vida laboral y personal, y han remarcado la relación directa entre las políticas de igualdad de una empresa y su eficiencia.

Igualdad retributiva entre mujeres y hombres

El Real Decreto de igualdad retributiva facilita la identificación de las discriminaciones salariales a través de un conjunto de instrumentos de transparencia: un registro con información desagregada por sexo, clasificación profesional y tipo de retribución; una auditoría de la empresa que incluya la evaluación de los puestos de trabajo y un plan para corregir las desigualdades; y un sistema de valoración de puestos de trabajo que respete el principio de igual retribución para puestos de igual valor.

Planes de igualdad en las empresas

En cuanto al Real Decreto sobre los planes de igualdad, la titular de Trabajo y Economía Social ha explicado que la meta es que las empresas dispongan de planes que contengan un diagnóstico negociado con los agentes sociales y abarquen desde el proceso de selección del personal y la permanencia en una empresa hasta la salida del puesto de trabajo.

El texto fija el procedimiento de elaboración de los planes a través de una comisión negociadora, su contenido mínimo -que debe incluir la auditoría retributiva- y su vigencia. Los planes incluirán a todos los trabajadores de la empresa y será obligatorio registrarlos.

Combatir la dependencia económica de las mujeres y las situaciones de precariedad que sufren es esencial para erradicar la violencia de género, según ha remarcado la ministra, que ha comenzado su intervención condenando un nuevo asesinato machista. Ya son 36 las mujeres asesinadas este año 2020, y un total de 1.069 desde el año 2003. Irene Montero ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo contra la violencia de género y ha recordado los servicios que están a disposición de las víctimas.

Lucha contra el fraude fiscal

El Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que inicia ahora su trámite parlamentario.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado que la política de su departamento y de todo el Ejecutivo es de “tolerancia cero” con cualquier práctica fraudulenta. “No hay justicia social, no hay justicia tributaria si algunos pretenden eludir los compromisos y las obligaciones que tienen el resto”, ha dicho Montero, que ha destacado la importancia de perseguir las prácticas irregulares que suponen un agravio para los contribuyentes que sí cumplen.

La titular de Hacienda ha apuntado que esta labor de la Agencia Tributaria permitió recaudar el año pasado 15.715 millones de euros, un 4,1% más que en 2018, un control que se ha reforzado especialmente sobre los patrimonios elevados y las grandes multinacionales digitales.

La futura ley refuerza las herramientas para prevenir y combatir la evasión fiscal y pone el foco en las fórmulas de fraude más complejas y avanzadas, como aquellas asociadas a las nuevas tecnologías. Además, permite perseguir los comportamientos inadecuados de multinacionales y luchar contra la planificación fiscal abusiva. El Ejecutivo estima que el conjunto de las medidas podría generar unos 800 millones de euros adicionales de recaudación en un solo ejercicio contable.

Entre las novedades más significativas del texto figuran la prohibición por ley de las amnistías fiscales; la reducción del límite del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas de 2500 a 1000 euros, cuando se realice entre profesionales o empresarios; la ampliación de la lista de deudores tributarios; el refuerzo del concepto de ‘paraíso fiscal’; un mayor control del mercado de las criptomonedas, y la prohibición de los programas informáticos que facilitan manipular la contabilidad. La norma contempla también la transposición de la Directiva europea contra la elusión fiscal.

Fuente: Gobierno de España

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