La OIT llama a universalizar la protección social en América Latina y el Caribe tras el severo impacto de la COVID-19

octubre 20, 2021
Metro de Caracas - Línea 5 - Trabajos

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) indicó que la crisis por COVID-19 puso en evidencia las deficiencias de los sistemas de protección social en América Latina y el Caribe, y colocó en la agenda regional el gran desafío de mejorar su cobertura, suficiencia y sostenibilidad para contribuir a mitigar el aumento de la pobreza y las desigualdades, así como para enfrentar nuevas emergencias en el futuro.

“Los efectos de la pandemia se amplificaron pues había millones de personas sin redes de protección ante la pérdida de ingresos y empleos, mientras los sistemas de salud estaban al borde del colapso”, recordó Vinícius Pinheiro, Director de la OIT para América Latina y el Caribe.

Agregó que antes de la pandemia solamente 56 por ciento de los habitantes de la región estaban cubiertos por algún tipo de protección social. Los sistemas contributivos, que dependen de las cotizaciones de los trabajadores y empleadores, incluían apenas 46 por ciento de los ocupados.

“La gran mayoría de la población ocupada no contaba con seguros de desempleo ni con otras maneras de compensar ingresos, en especial quienes estaban en la informalidad”, comentó Pinheiro. “Una lección aprendida de esta pandemia es que la falta de protección social nos hace más vulnerables”.

Es por eso que la OIT plantea la necesidad de avanzar hacia “sistemas integrales de protección, que cuenten como base un piso de protección social con garantías para el acceso universal a la salud y la seguridad económica a lo largo del ciclo vital”.

“La protección social es fundamental para la inclusión y cohesión social, la reducción de la pobreza y las desigualdades sociales, a la vez que facilita la transformación productiva y la mejora de la productividad”, dijo Pinheiro.

A junio de 2021 se habían implementado 273 medidas no contributivas en la región, de las cuales un 64 por ciento fueron programas nuevos y el resto adaptaciones de programas existentes.

El informe agrega que las políticas más usuales fueron para proteger los empleos y los ingresos, entrega de alimentos y atención en la nutrición y políticas enfocadas en la salud.

“El gasto enfocado a mitigar la crisis de la COVID-19 ha permitido contrarrestar el incremento aún mayor de la pobreza y pobreza extrema, donde los países que destinaron más recursos son los que más han evitado el incremento de la pobreza”, dice el documento. Particularmente los hogares con niños, niñas y adolescentes que dependen de los ingresos que generan trabajadores y trabajadoras en el segmento informal de la economía vieron aumentar su vulnerabilidad y exposición a los riesgos asociados al trabajo infantil.

En el caso de la seguridad económica para las personas de mayor edad, se plantea que este es “un desafío pendiente”, ya que según los datos más recientes 30 por ciento de los mayores de 65 años en América Latina y el Caribe no reciben ningún tipo de ingreso laboral ni tampoco una pensión.

Entre los mayores, 47,2 por ciento recibe solo pensión o jubilación, 7 por ciento recibe tanto una pensión como ingresos laborales, y 14,9 por ciento solamente ingresos laborales.

“Para todos la pandemia ha sido difícil, pero para los mayores ha sido brutal, tanto por el impacto de los contagio, como por la falta de ingresos lo cual los dejo en una situación particularmente crítica”, afirmó Pinheiro.

“Al momento de ser redactado este informe, la recuperación socioeconómica sigue siendo incierta y destinar más recursos a la protección social seguirá siendo decisivo”, añade el documento.

Con información de nota de prensa

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