Manuel Sutherland sobre el IGTF: El Estado no tiene la capacidad de fiscalizar las transacciones que se hagan en criptomonedas ni los pagos mixtos

Recientemente, el presidente Nicolás Maduro confirmó que sostuvo una reunión con representantes del Gobierno de Estados Unidos, la cual fue “respetuosa, cordial y muy diplomática”.

Sin embargo, trascendió que en ese encuentro se tocaron diversos puntos, incluyendo aliviar las sanciones al país, a pesar que ninguno de los protagonistas lo ha confirmado de manera abierta.

Ante ello, Manuel Sutherland, economista y director del Centro de Investigación y Formación Obrera (Cifo), señaló a Finanzas Digital que Estados Unidos con este paso, prácticamente reconoce de “facto la presidencia de Maduro” y de alguna manera “le tiende de manera formal un puente” para negociar una posibilidad de aliviar las sanciones, sobre todo en el ámbito petrolero.

“Las sanciones son sumamente duras y dificultan la exportación de petróleo a cualquier país. Con la crisis derivada con la invasión de Rusia a Ucrania, es muy factible que Venezuela tenga una oportunidad de negociar con Estados Unidos para que pueda de alguna manera recuperar parte del mercado petrolero que perdió luego de las sanciones y que Rusia había tomado”, explicó.

A su juicio, se está tratando de alguna manera de llegar a un acuerdo para que Venezuela pudiera aumentar la capacidad de producción y poder exportar de nuevo a EE.UU.

Sin embargo, Venezuela no tiene mucha capacidad de exportación ni de incrementar la extracción de crudo en este momento, puesto que se necesitan “grandes inversiones y un tiempo importante para poder llevar a cabo, de alguna manera, la producción que se necesita para ser un surtidor confiable”.

“Venezuela ahora está extrayendo alrededor de 700.000 barriles de petróleo diarios y está consumiendo una buena parte del mercado interno. El país pudiera recuperar la producción en unos pozos medianos que necesiten una inversión relativamente baja en alianza con empresas estadounidenses, pero esto tomaría algún tiempo, creo que estaríamos igual muy lejos de llegar a una cifra de extracción de petróleo diario importante”, destacó.

– No es un aumento salarial –

A principios del mes de marzo de 2022, el Primer Mandatario venezolano anunció que el salario mínimo pasaría a ser de medio petro y los bonos otorgados a través del Sistema Patria, también serían salarizados.

Sutherland comentó a Finanzas Digital que medio petro equivale alrededor de US$28 o US$29 y el precio de esta criptomoneda lo decide el Gobierno “de manera discrecional”.

Hubo un momento en el que el petróleo venezolano cayó mucho, a US$25, y cuando subió a US$120, el petro seguía costando entre US$50 a US$60: “el Gobierno coloca el petro al precio que quiere”.

No es realmente un aumento salarial, sino tratar de reconocer lo que en 2018 se prometió y nunca se cumplió. El Gobierno no tiene capacidad realmente para poder pagar este aumento salarial”, dijo.

Queda en la duda si el Gobierno decide “regresar a la senda de cubrir el aumento salarial con un incremento en la emisión de dinero sin respaldo”, lo cual causaría una inflación muy dura en el país.

Acotó que Venezuela es uno de los países más caros del mundo por el proceso de sobrevaluación que tiene la moneda, la Canasta Alimentaria ronda los US$400 y “el salario que se propone cubre menos del 10% de ésta”.

“Sin que haya un plan de estabilización macroeconómica, una solución a la crisis política, un levantamiento de las sanciones, entre otros factores, es muy difícil que se recupere el salario y que se tenga el poder de compra que se tuvo hace algunos años”, enfatizó el especialista.

Recordó que en el año 2001, el salario mínimo en Venezuela era de US$401 mensuales: “si el salario se sube efectivamente a US$29 o US$30, sería 92% más bajo que el sueldo que había en esa fecha”.

Manifestó que no se sabe de dónde se va a sacar el dinero ni cómo se va a emplear el físico para el pago de los nuevos salarios, pero “lo más probable es que salga del petróleo, así como  con la recaudación tributaria”.

– IGTF castiga a las personas con menos recursos –

Igualmente, en Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.687, de fecha 25 de febrero de 2022, fue publicada la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF).

El economista expresó a Finanzas Digital que la aprobación de esta normativa “fue inconsulta”, puesto que es una ley que “castiga a las personas que tienen menos recursos”.

Consideró que el IGTF es una especie de “penalidad y de castigo” a las personas que por tener divisas pueden de alguna manera consumir algunos bienes. No obstante, aclaró que “muchos consuman esos bienes, no quiere decir que tengan suficiente dinero como para tributar por eso”.

“La ley está hecha de una manera nociva y daña los intereses de la clase trabajadora, equipara a todas las personas que pueden pagar en divisas como si todos tuvieran los mismos ingresos y les cobra alícuotas exageradas”, puntualizó.

Alertó que esta normativa puede incrementar la informalidad, el incentivo para que la gente saque dinero del banco y que se hagan pagos por otros mecanismos.

Aseguró que el Estado “no tiene la capacidad de fiscalizar correctamente las transacciones que se hagan en criptomonedas ni los pagos mixtos, creo que el IGTF anterior estaba mucho mejor hecho”.

A su juicio, todo está absolutamente “mal en la ley”, dado que “atenta contra el tímido crecimiento económico, atenta contra la posibilidad de recuperación parcial del poder adquisitivo de los trabajadores, atenta contra las remesas y afianza la tendencia del encarecimiento de la economía interna, restándole productividad, competitividad y capacidad de producción”.

Recalcó que hay muchas formas de estimular al bolívar sin tener que “castigar  tan drásticamente a la población, con un índice de pobreza altísimo que nunca se había visto en este país”.

Manuel Sutherland aseveró que el IGTF asusta a los inversionistas porque es demasiado discrecional la alícuota que se puede imponer en cualquier tiempo: “no tiene una meta de recaudación puntual, puede agudizar la inseguridad jurídica que existe en la nación y es un fuerte desestimulante a la inversión en el producto nacional que va a ser víctima de este impuesto”.

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