Es posible consultar al SENIAT cuando hay dudas sobre la aplicación de una ley tributaria

abril 14, 2022
Luis Fraga-Pittaluga

Luis Fraga-Pittaluga.- Las normas tributarias suelen ser especialmente difíciles de descifrar, porque están estructuradas normalmente sobre conceptos ajenos al Derecho y más bien propios de instituciones y fenómenos oriundos de las ciencias económicas, contables y financieras, ámbitos donde los abogados no suelen desenvolverse con comodidad. En algunas ocasiones la técnica legislativa es deficiente, pues no son abogados especializados quienes redactan las normas. La reciente entrada en vigencia de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (Gaceta Oficial N° 6.687 Extraordinario del 25 de febrero de 2022) ha creado gran confusión en el sector comercial del país y también entre los consumidores de bienes y servicios, por lo que muchas personas se preguntan si el SENIAT debería aclarar las dudas que supone la aplicación de esta Ley.

La respuesta a esta interrogante es afirmativa. En Venezuela es posible consultar al SENIAT sobre el contenido y la interpretación de las leyes tributarias nacionales, de acuerdo con lo previsto en los artículos 147 y 260 del Código Orgánico Tributario. Se trata de un derecho de los ciudadanos que tiene como finalidad cumplir cabalmente las leyes tributarias, y correlativamente es una obligación de la Administración Tributaria absolver dichas consultas oportunamente, procurando la estabilidad de sus criterios en aras de la seguridad jurídica que está llamada a proteger en el ámbito específico de sus competencias. Esta competencia la ejerce el SENIAT a través de la Gerencia General de los Servicios, regulada por la Providencia No. SNAT/2015-0008 del 3 de febrero de 2015.

Para formular consultas ante el SENIAT, es preciso cumplir algunas formalidades: (a) El consultante debe tener un “interés personal y directo”. Esto significa que quien consulta es una persona, natural o jurídica, que actúa en nombre propio o ejerciendo la representación de otra persona y que consulta sobre una situación que le afecta en forma directa. (b) La consulta debe versar sobre la aplicación de una norma de naturaleza tributaria cuya aplicación corresponde al SENIAT, quien como sabemos se encarga de administrar solamente los tributos nacionales, internos y aduaneros (i.e. impuesto sobre la reta, impuesto al valor agregado, impuesto a los grandes patrimonios, impuesto sobre las grandes transacciones financieras, impuesto de aduanas, entre otros). (c) La consulta debe versar sobre una situación concreta que afecta a la persona consultante, de modo que no es posible consultar en forma genérica, a partir de un interés intelectual o académico, sobre el contenido y alcance general de una ley tributaria. (d) El interesado debe exponer en detalle los hechos que motivan la consulta, y si no lo hace, la consulta no será tramitada. Adicionalmente, y aunque esto es facultativo, el interesado puede exponer la opinión propia sobre el asunto consultado. Esto es muy recomendable y útil porque facilita el trabajo del SENIAT y aumenta las posibilidades de obtener una respuesta rápida, además de tener otro efecto muy importante que veremos más adelante. (e) Si quien presenta la consulta actúa en nombre de otro (por ejemplo, en representación de una persona jurídica) debe presentar el documento que acredita su representación. (f) La presentación de la consulta causa el pago de una tasa administrativa que de acuerdo con el artículo 4.4. de la Ley de Timbres Fiscales, es equivalente a cinco décimas de Unidad Tributaria (0,5 UT). (g) Por último, la consulta no va a ser admitida si la persona que consulta es parte en un procedimiento administrativo tributario (sumario o de recurso jerárquico) donde se discute precisamente la situación consultada.

Tanto la presentación de la consulta como la respuesta dada por el SENIAT producen ciertos efectos jurídicos que es importante señalar. Si la consulta presentada por el interesado no es respondida por el SENIAT en un plazo de 30 días hábiles, el consultante puede aplicar su propia interpretación sobre la aplicación de la ley respectiva al caso concreto, y si esa interpretación es luego contradicha por el SENIAT, no puede aplicarse sanción alguna al interesado consultante, es decir, éste se beneficia de una eximente de responsabilidad especial, si ha cometido un ilícito tributario al aplicar su propia interpretación de la ley. También se aplica este beneficio si el consultante sigue el criterio que ha emitido el SENIAT y este organismo luego lo cambia; en este caso, no puede aplicársele sanción alguna al consultante por hechos ilícitos cometidos antes del cambio de criterio.

Es importante advertir que cuando la Administración Tributaria se pronuncia sobre la aplicación que debe darse a una ley orienta al contribuyente, pero no le impone un modo de actuar, de modo que éste puede acoger el criterio emitido o separarse de él; claro está, en este último caso, el sujeto consultante corre el riesgo de sufrir reparos de las autoridades tributarias en el futuro. El Código Orgánico Tributario no establece que el dictamen de la Administración Tributaria sea vinculante, ni para ella ni para el consultante; cosa distinta es que ambos deberían atenerse a lo expuesto en la opinión respectiva, uno por razones de transparencia, seguridad jurídica, confianza legítima y buena fe, y el otro porque no hacerlo supone el riesgo de ser objeto de un reparo.

La Administración Tributaria en ejercicio de la función consultiva, no resuelve el caso planteado por el particular con carácter definitivo, sólo le indica un camino a seguir en la interpretación de la ley. Su labor es de apoyo al contribuyente en la correcta interpretación y aplicación de las leyes tributarias. La opinión o dictamen emitido jamás puede crear una situación de hecho o de derecho en el consultante pues de él la única consecuencia que se deriva es el conocimiento de cómo aplicará la autoridad tributaria la norma sometida a análisis. Evidentemente, la opinión emitida genera en el contribuyente la creencia, de buena fe, de que el criterio aplicado al caso concreto es el correcto; y así debe ser pues la Administración siempre está sometida a los principios de transparencia, buena fe, seguridad y confianza legítima en sus actuaciones, de acuerdo con los artículos 141 y 299 de la Constitución y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de modo que la actuación de la Administración Tributaria que contraría su propio criterio es completamente reprochable y violatoria de los principios y las normas antes mencionadas.

Es importante destacar que las opiniones que el SENIAT emite como respuesta a una consulta de un interesado, no son susceptibles de ser recurridas, ni en vía administrativa (ante el propio SENIAT) ni ante los jueces contencioso-tributarios, todo según el artículo 265 del Código Orgánico Tributario. Una excepción a esta regla existe en el en el ámbito aduanero, porque en este caso las opiniones del SENIAT sí son vinculantes y, por lo tanto, pueden afectar los derechos e intereses de los consultantes, de modo que en este caso sí es posible impugnar las opiniones de la autoridad aduanera.

Consultar al SENIAT sobre la aplicación de las leyes tributarias en un caso concreto es, como hemos dicho, un derecho de los contribuyentes, quienes pueden decidir si lo ejercen o no. Muchos contribuyentes se abstienen de consultar pues temen que la consulta desencadene procedimientos de fiscalización. Aunque la ley no prevé esta posibilidad, es decir, a pesar de que la ley no autoriza a la Administración Tributaria a fiscalizar a un contribuyente porque éste consultó sobre la interpretación y aplicación de determinada norma tributaria, lo cierto es que la Administración Tributaria, en principio, siempre tiene la potestad de fiscalizar a cualquier contribuyente.

Sin embargo, consultar al SENIAT es una práctica sana cuando realmente existen dudas sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias, porque es la mejor forma de saber a qué atenerse. Además, en caso de que haya un error en la interpretación de la norma, bien por parte del contribuyente o bien por parte del SENIAT, existe el beneficio de que no puede aplicarse al consultante sanción alguna, si al seguir su propia interpretación o el criterio del SENIAT, ha cometido un ilícito tributario.

@lfragap

Luis Fraga-Pittaluga
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