El Gobierno brasileño presentó este jueves una ambiciosa propuesta para ajustar las cuentas públicas que permite elevar los gastos por encima de la inflación pero que limita ese incremento al 70% de la variación de los ingresos fiscales primarios en el último año.
La nueva propuesta de ajuste fue presentada en una rueda de prensa por el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, que reafirmó el compromiso del Gobierno del progresista Luiz Inácio Lula da Silva con la responsabilidad fiscal y el inmediato envío del proyecto al Congreso.
La propuesta pretende aumentar el límite para los gastos públicos en áreas «prioritarias», como educación y salud, así como elevar las inversiones, pero sin generar «descontrol» en las cuentas públicas, explicó Haddad.
«No hay una rigidez absoluta, porque las demandas sociales están ahí y necesitan ser atendidas de manera responsable desde el punto de vista de las cuentas, pero también desde el punto de vista social«, manifestó el ministro en la rueda de prensa.
El proyecto busca sustituir la ley del llamado «Techo de Gastos», el actual marco de ajuste fiscal, que ha sido cuestionado por Lula por restringir los gastos públicos en áreas sociales.
El «Techo de Gastos», que rige desde 2017, limita el aumento de los gastos públicos a la variación de la inflación del año precedente, lo que, según el actual Gobierno, reduce los recursos para la salud y la educación.
La nueva iniciativa prevé limitar el crecimiento de gastos al 7 % de la variación de la recaudación primaria de los últimos doce meses y no más con el referente inflacionario.
El ministro aclaró que la propuesta para «sanar la ineficacia de reglas anteriores» no contempla «nuevos tributos o un aumento de la alícuota de los existentes».
«Eso (el aumento de la carga tributaria) no está en nuestro horizonte. No es de eso que se trata» la propuesta, añadió Haddad, quien, sin embargo, enfatizó que «quienes no pagan» los impuestos estipulados por la ley deberán hacerlo ahora con «rigor fiscal».
Para el control de la medida, el Gobierno propone un intervalo de «tolerancia» para el resultado primario de las cuentas públicas, que es el saldo entre recaudación y gastos sin contabilizar el pago de intereses de la deuda del país.
«La gestión pública necesita tener credibilidad, previsibilidad, seriedad y tener un horizonte para que las familias, inversores, empresarios y trabajadores puedan organizar sus vidas a partir de reglas claras y creíbles», resaltó Haddad
En caso de que la propuesta sea aprobada por el Congreso y se convierta en ley, el Gobierno espera reducir a cero el déficit público primario en 2024; y alcanzar un superávit primario de las cuentas públicas equivalente al 0,5% del producto interior bruto (PIB) del país en 2025 y al 1% en 2026.
De igual manera, la iniciativa busca estabilizar la deuda pública en 2026, último año del actual Gobierno, en un valor equivalente, como máximo, al 77% del PIB, pero sin que eso sea «una meta» y sí un «objetivo» para «cualificar el gasto público», apuntó la ministra de Planificación, Simone Tebet.
Haddad admitió que la nueva fórmula propuesta para las maltrechas cuentas públicas no es una «bala de plata» que pueda «resolver toda» la situación, pero consideró que es «el comienzo de una larga jornada con un plan de vuelo».
Brasil registró en 2022 un déficit fiscal nominal de 460.433 millones de reales (unos 90.274 millones de dólares), equivalente al 4,68% del PIB y un valor superior al de 2021, cuando los gastos superaron los ingresos en 383.664 millones de reales (cerca de 75.215 millones de dólares), equivalentes al 4,31% del PIB.
Sin embargo, el resultado primario, que excluye los recursos destinados al pago de intereses de deuda y que el Gobierno usa como referente para medir la salud de las cuentas públicas, en 2022 fue un superávit de 125.994 millones de reales (24.754 millones de dólares aproximadamente), lo que equivale al 1,28% del PIB y supone una mejoría con respecto al dato del año anterior (0,73% del PIB).
EFE
