El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, dispuso este martes 19 de noviembre la derogación de una serie de normas vinculadas al comercio «que le permitían al Estado fijar precios, intervenir mercados y solicitar información innecesaria».
El avance de la desregulación del comercio interno se llevó a cabo mediante la Resolución 1212/2024 del Ministerio de Economía y las Resoluciones 433/2024 y 434/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, por las cuales «se suprimieron 43 normas con potencial para limitar la libertad de los ciudadanos», según informó la cartera económica.
Al fundamentar la decisión, el Ministerio explicó que las normas derogadas estaban «sin uso en la actualidad que, al estar vigentes, dejaban abierta la posibilidad de ser aplicadas para fijar precios, intervenir en la actividad privada y someter a los ciudadanos a requerimientos sin sentido».
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Las normas eliminadas abarcaban controles en la carne vacuna, en alimentos lácteos, en comercios y grandes supermercados, publicó Forbes Argentina. También establecían regulaciones en los servicios de comunicación y farmacias, y requerían pedidos de información a empresas e instituciones educativas.
Desde el Palacio de Hacienda detallaron que «se derogó, además, una norma que afectaba el flujo del comercio y elevaba el costo de los neumáticos», ya que «exigía trámites redundantes para acceder al proceso de homologación de neumáticos, que encarecían el costo de los mismos» y precisaron que «se eliminaron también programas en desuso que no están alineados con las políticas de simplificación que impulsa el Gobierno».
En el texto oficial, se argumentó que «las mencionadas derogaciones se llevaron a cabo con el objetivo de alinear las políticas de regulación del mercado interno a una administración pública de procesos tendientes a su simplificación».
Asimismo, el documento sostuvo que «las normas que establecen acuerdos y controles de precios generan distorsiones en el mercado y, consecuentemente, son perjudiciales para la consolidación de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia y competencia; a su vez, no coinciden con el objetivo de promover la simplificación y desburocratización de los vínculos entre el sector privado y la Administración Pública Nacional».
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