Un vacío de poder en el liderazgo de Venezuela reconocido por Estados Unidos ha dejado a los tenedores de bonos sin interlocutor válido para renegociar la deuda en default de 60.000 millones de dólares, según un abogado que asesora al mayor grupo de acreedores.
Los inversionistas que poseen bonos del Gobierno de Venezuela y de PDVSA están abiertos a negociar un acuerdo para reducir los obstáculos para iniciar una reestructuración de las condiciones sobre el pago de los bonos. Un elemento clave es la disposición a ampliar el plazo de prescripción, en función de evitar acudir a la justicia estadounidense para iniciar reclamaciones legales.
Esta medida le daría tiempo a las partes para trabajar en una reestructuración, dijo Richard Cooper, abogado de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, citado por Bloomberg.
El bufete representa al Comité de Acreedores de Venezuela, un grupo de inversionistas, en su mayoría institucionales, que han mantenido más de 10.000 millones de dólares de la deuda.
Sin embargo, los acreedores no tienen un gobierno con el cual negociar después de que la mayoría de la Asamblea Nacional electa en 2015, liderada por la oposición, destituyeron a Juan Guaidó en diciembre. Washington tampoco reconoce a Nicolás Maduro, con el que cortó lazos en 2019.
«Un acuerdo de renegociación es difícil debido al fin del gobierno interino y la falta de claridad sobre quién es el gobierno reconocido», dijo Cooper.
Cualquier intento de reestructuración se enfrentaría a un camino difícil: Los bonos están muy devaluados, cotizan por debajo de los 11 centavos de dólar. Además, las sanciones que podrían enfrentar los operadores estadounidenses les impiden comprar estos títulos.
La situación de los acreedores se suma a las consecuencias de la destitución de Guaidó, que fue respaldado por Washington y otros gobiernos occidentales en 2019 y se le dio el control de los activos venezolanos en países extranjeros.
La semana pasada, el Departamento de Estado tomó la custodia de la Embajada de Venezuela y las residencias diplomáticas en Washington y Nueva York, con el argumento de que los diplomáticos extranjeros tienen que ser nombrados por un presidente.
Fuente: Bloomberg
