Guerra sucia y terror
Fernando M. Fernández.- La guerra sucia es terrorismo de Estado. Se llamó guerra sucia a los ataques de los dictadores de Argentina contra el peronismo y la izquierda en los años 70s. El terrorismo de Estado es la peor política posible de un gobierno contra la población civil indefensa. De allí se derivan crímenes atroces de jurisdicción universal de lesa humanidad, algo que supera los delitos y abusos contra los derechos humanos. Es lo más grave que puede sufrir el género humano. Tal como lo ha denunciado Luis Almagro: “Es imperativo ponerle fin ya a esta guerra sucia del régimen contra el pueblo de #Venezuela”.
La Fiscal General definió el terrorismo de Estado así:
“Es el desarrollo sistemático de una política de violencia, orientada a inducir miedo y terror en la población civil; para imponer obediencia y sumisión. Tiene, entre sus objetivos, exterminar al adversario y al disidente político. Se caracteriza por la violación permanente de los derechos humanos, dominio militar sobre la autoridad civil y predominio por parte del Estado de los valores bélicos en la sociedad. Esto se manifestó, en el caso venezolano que nos ocupa, en la suspensión de las garantías constitucionales; creación de decretos que suspendieron los derechos fundamentales; censura a la información; represión desproporcionada hacia los movimientos disidentes; torturas, ejecución extrajudicial, masacres, persecución ilegítima, asesinatos, detenciones, desaparición forzada, bombardeos a poblaciones campesinas, cercos militares a liceos, universidades, barriadas y zonas campesinas.
“Asimismo, todo el accionar anterior fue acompañado por campañas de terror psicológico hacia la población, expresadas en una represión generalizada, estigmatización de las luchas por reivindicaciones populares, redadas permanentes en los barrios, toma militar por parte de los cuerpos policiales de esas barriadas con gran despliegue, en algunos casos, de funcionarios militares. Que llegaron a imponer el estado de sitio; donde la población no podía entrar ni salir de sus viviendas.
“Colmenares (1988) define que los objetivos del terrorismo de Estado son: «Crear temor, generar un clima de guerra, negar la realidad, psicotización de la vida cotidiana y generar cambios psicosociales […]. Asimismo la legitimación de la violencia como control social» (Colmenares, 1988: 2).
“La política de terrorismo de Estado, permitió que las fuerzas militares y policiales fueran investidas de facultades judiciales. Se criminalizaron así las protestas y se crearon nuevos delitos relacionados con la «perturbación del orden público», aumentando considerablemente las penas para dichas conductas.
“Esa política de terror, se fue imponiendo ante la población, para que la militarización fuera vista como algo «normal»; para que, tanto en el campo como en la ciudad, se tuviera temor a participar en las luchas sociales y se viese a los que participaran en ellas como apátridas, criminales y subversivos. De esta manera, la política es vista como una extensión de la guerra y el ámbito del debate público, cada día se ve más reducido. Esta inducción a ver la militarización como algo cotidiano, como una fuerza pedagógica poderosa, va dando forma a la vida de millones de ciudadanos y a sus recuerdos y experiencias cotidianas; mientras se borra todo sentimiento de solidaridad, compañerismo, democracia y justicia. Esto lleva a que las comunidades no reaccionen ante los allanamientos, detenciones y torturas de sus vecinos, «porque ellos se lo buscaron». La violencia represiva fue presentada, entonces, como la única solución a todo tipo de problemas. Se sometió a la población a una política de terrorismo de Estado, cuyo fundamento teórico se encuentra en la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, cuyas prácticas se concretan en las operaciones de contrainsurgencia, con el propósito manifiesto de aniquilar los grupos revolucionarios y populares (enemigo interno)…” (Ver: FGR: CONTRA EL SILENCIO Y EL OLVIDO. POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA. Páginas 115 y 11.)
Esta definición usada para caracterizar la política de defensa de la democracia frente a la llamada “Lucha Armada” durante los años 60 ejecutada por grupos radicales de izquierda, el partido Comunista, el MIR y otros grupos de guerrilleros con apoyo militar y de armas de la URSS y de Cuba, en el contexto de la Guerra Fría. Asimismo, frente a cruentos golpes de Estado militares: el Porteñazo, el Carupanazo y el Barcelonazo.
En 2017 no hay lucha armada en Venezuela, tampoco “guerra económica o asimétrica”, subversión ni nada que se le parezca, sino una guerra sucia o terrorismo de Estado contra la población civil que protesta pacíficamente y que exige ¡DEMOCRACIA!
Abogado experto en Derecho Penal Económico/Criminal Compliance, con amplia experiencia como asesor de empresas en prevención de delitos económicos, anti-blanqueo de activos, anti-corrupción y anti-financiamiento del terrorismo.
