Argentina parece tenerlo todo: abundantes recursos naturales, legiones de trabajadores con buenos niveles de educación. Pero le cuesta atraer inversionistas porque sus políticos tienen la costumbre de cambiar las reglas a su antojo, favoreciendo al Estado frente a la empresa privada.
El presidente Javier Milei ha emprendido una cruzada para resolver este persistente problema ofreciendo a las grandes empresas una forma de blindar sus compromisos de capital. Hay indicios de que podría funcionar, publicó Bloomberg.
Las empresas energéticas y mineras con potencial para impulsar el crecimiento de la nación sudamericana, que ha sufrido seis recesiones solo en la última década, están empezando a presentar solicitudes para que se les otorguen amplios incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios consagrados por ley durante 30 años.
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Milei —un libertario que llegó al poder hace un año— afirma que las empresas se comprometerán a aportar más de 50 mil millones de dólares en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Hasta ahora se han presentado seis proyectos por aproximadamente el 15% de esa cantidad.
Unificar la brecha cambiaria es «fundamental»
Para que el goteo se convierta en inundación, los inversores extranjeros están desesperados por que Milei elimine los famosos controles cambiarios de Argentina, lo que unificaría los tipos de cambio duales. Esto se debe a que el RIGI los obliga en gran medida a convertir el capital en dólares a pesos a un tipo de cambio controlado por el gobierno, que es más fuerte que el que pueden obtener en los mercados financieros y, por lo tanto, les proporciona menos fondos locales.
Por lo tanto, gran parte del escenario ha quedado en manos de las empresas nacionales. “Que se unifique la brecha cambiaria es una condición fundamental para que el RIGI crezca en volumen”, sostuvo Sergio Caveggia, socio de la oficina de Buenos Aires de la consultora tributaria internacional Ernst & Young LLP, que trabaja en las solicitudes del RIGI.
El paquete de incentivos fue implementado a fines de agosto, tras surgir como uno de los principales elementos de la ley emblemática de Milei para desregular la economía argentina. Al extender su vigencia hasta un futuro muy lejano, el presidente intenta garantizar que su visión del libre mercado para las empresas resista cualquier intento de los votantes de volver a implementar políticas estatistas.
«Maldición de los recursos»
Es un pasaje, al menos en teoría, hacia las “reglas de juego” coherentes que reclaman los ejecutivos de las empresas. Los críticos, sin embargo, advierten que el RIGI corre el riesgo de escribir un nuevo capítulo de la llamada «maldición de los recursos de América Latina», donde las naciones han permitido que sus riquezas naturales sean explotadas por las empresas, solo para ver que pocas de las ganancias llegan a la economía.
“No hay ni retornos astronómicos que combatan la percepción de riesgo argentino; el RIGI viene a resolver mucho de eso”, afirmó Juan Procaccini, consultor principal de la filial local de PriceWaterhouseCoopers LLP, que encabezó el último gran intento de Argentina de atraer inversiones extranjeras hace casi una década, bajo la presidencia de Mauricio Macri.
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