La Suprema Corte y el resto de los representantes del poder judicial se convirtieron en el sexenio obradorista en el gran contrapeso de las intenciones de cambio en el marco regulatorio del sector energético, reseñó Expansión.
Ahora, con una reforma judicial aprobada por el Senado en lo particular, el mercado y los analistas ya avizoran grandes modificaciones en el sector, sobre todo a poco de que se lleve la discusión y eventual votación de la reforma en materia de industrias estratégicas que, entre otros puntos, planea quitar a la CFE el estatus de empresa productiva del Estado y, con ello, se dé pie a un cambio en la dinámica completa de la relación entre la compañía y el sector privado.
También puede leer: Las captaciones de la Banca Múltiple de México presentaron un crecimiento interanual de 8,14% al cierre de julio 2024
La Corte y los tribunales especializados frenaron, entre otras cosas, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, los cambios a la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía y detuvo otras regulaciones de menor escala, como aquella que planteaba aumentar la tarifa de porteo –de transporte– que las empresas privadas pagan a la estatal CFE.
Pero con la nueva reforma judicial en puerta, analistas y abogados del sector advierten que el panorama podría cambiar drásticamente.
La pérdida de un contrapeso
Entre las propuestas más preocupantes para el sector privado destaca la posible eliminación del estatus de «empresa productiva del Estado» de la CFE, lo que podría alterar de manera significativa su relación con el mercado privado y cambiar las reglas del juego.
Además de esta posible reconfiguración del mercado eléctrico, la reforma judicial también podría eliminar a jueces y tribunales especializados que fueron clave en frenar diversas iniciativas del Ejecutivo.
Jueces como Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro –titulares de los juzgados en materia de competencia– bloquearon modificaciones a la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía y otras medidas regulatorias que afectaban la competencia privada. Estas decisiones fueron constantemente criticadas desde las conferencias matutinas del presidente, quien no dudó en señalar a los jueces como obstáculos para la implementación de sus políticas.
Oscar Ocampo, analista del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), subraya que la independencia del Poder Judicial fue esencial para impedir cambios que habrían limitado la competencia en el sector energético. «Si nos vamos al historial de los últimos cinco años, con un poder judicial independiente del Estado y de los privados, (el mercado eléctrico y petrolero) no podría haber operado como lo hizo, pese a todos los obstáculos”, dice.
A pesar de los esfuerzos del gobierno, la reforma energética de 2013, que abrió el sector a la inversión privada, se ha mantenido en gran medida gracias a la intervención de los tribunales.
El fallo de la Suprema Corte en enero de 2024, que declaró inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, fue el golpe más contundente a los planes del Ejecutivo para el sector energético. No obstante, la aprobación de la reforma judicial podría cambiar este escenario.
Lea la nota completa aquí.
