Si recibe un crédito en cualquiera de las oficinas del sector bancario ubicada en Caracas, deberá cancelar un impuesto. Ya sea persona natural o jurídica su préstamo será gravado, esto de acuerdo con la nueva Ley del Sistema Tributario del Distrito Capital.
Analistas económicos y expertos tributarios sostienen que la medida impactará aún más el sistema crediticio en el país, ya minimizado por el alto encaje legal. Consideran que afectará a los solicitantes de los préstamos, pues este es el contribuyente que deberá utilizar parte de sus recursos para pagar el tributo.
La normativa fue publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.909 de fecha 2 de junio de 2025. Establece que los «beneficiarios de créditos o préstamos otorgados por instituciones bancarias o financieras» ubicadas en el municipio Libertador, deberán pagar un impuesto en bolívares. Este pago será calculado de acuerdo a la tasa de cambio de la moneda de mayor valor anunciada por el Banco Central de Venezuela (BCV) que suele ser el euro.
La modalidad para calcular los impuestos y multas con el tipo de cambio oficial y no con base a la Unidad Tributaria (UT), se instauró en Venezuela desde el año 2020 con la reforma del Código Orgánico Tributario (COT). El Estado tiene la facultad legal para cobrar impuestos a la tasa del euro, ya que el COT, las resoluciones del BCV y del Seniat le otorgan la potestad de elegir la tasa más favorable al fisco.
Para el viernes 6 de junio, por ejemplo, la tasa de cambio oficial bolívar-dólar cerró en 98,51 bolívares; mientras que el tipo de cambio bolívar-euro finalizó en 112,93 bolívares. El diferencial entre ambas tasas fue de 14,42 bolívares o 14,6%.
La norma que contiene 39 artículos, una disposición transitoria y una disposición final señala que «constituye un hecho punible de los tributos previstos en esta Ley, el otorgamiento de instrumentos crediticios a favor de personas naturales o jurídicas por parte de los bancos u otras instituciones financieras, cuyas sucursales o agencias se encuentren ubicadas en el Distrito Capital».
Refiere además que se deroga la Ley Especial de Timbre Fiscal para el Distrito Capital que estaba vigente desde el año 2012. Igualmente, destaca que en los próximos 90 días luego de la publicación en Gaceta deben publicarse otros instrumentos normativos necesarios. Esto servirá para aclarar el cómo instrumentar la ley para todos los aspectos a los que se refiere.
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Distorsión en la intermediación financiera
Expertos tributarios sostienen que impuestos como el que se cobrará a los créditos, «trastocan la política monetaria». Explican que todo lo relacionado a la intermediación financiera le corresponde al Poder nacional a través de las regulaciones y éstas se definen en función de la política monetaria que se quiere.
«Todo impuesto debe tener la necesidad de evaluar la capacidad económica de los contribuyentes y tomar en consideración lo que representa un impuesto dentro del conjunto de políticas económicas. Sin duda alguna se está creando una distorsión financiera», afirmó un analista tributario que prefirió mantener su nombre en reserva.
El sistema crediticio venezolano se ha venido a menos desde hace varios años. La aplicación de un alto encaje legal a los bancos por parte del Banco Central impide a las entidades aumentar la entrega de préstamos. Con esta política se evitar que los bolívares se destinen a la compra de divisas y esto presione al alza la tasa de cambio.
Por ejemplo, en junio de 2020, la intermediación mostró la cifra más baja en años con 11,34%, de acuerdo a cifras de la Sudeban (Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario). Períodos posteriores muestran una recuperación, aunque aún continúa siendo menor a la de los mejores años de la banca. En febrero de este año, la intermediación de todo el sector cerró en 51%, mientras que en la banca privada se situó en 44% y en la banca pública en 36%.
«En la medida en que las condiciones actuales de la liquidez bancaria se mantengan, el crédito bancario podría seguir contrayéndose o permanecer estancado, en especial si la actividad económica se desacelera apreciablemente o llega a retraerse», se destacó en el último informe del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB.
Un impuesto para ser revisado
Con el impuesto a los créditos se «crea una inconveniencia desde el punto de vista económico», sostuvo un representante de uno de los más importantes gremios empresariales. Los municipios gravan actualmente los vehículos, los espectáculos públicos, las apuestas legales y la publicidad comercial, gravan las licencias comerciales. Existen, además, diversas tarifas y tasas municipales.
«A todo estos cobros se suman los impuestos nacionales y todo ello impacta en la estructura de costos de las empresas», dijo la fuente consultada que pidió su anonimato.
Refiere que los entes que tengan función de entidades previstas en la Constitución como los distritos metropolitanos y capitales tienen que contar con recursos. No obstante, dice que se afecta la rentabilidad del tributo, dada las restricciones de la intermediación financiera, necesaria además para el sector comercial e industrial y para la expansión económica.
Venezuela cuenta con un alta carga tributaria, según el informe de Coyuntura Industrial de Conindustria. Los excesivos tributos fiscales y parafiscales es el primero de seis factores que impactan en la productividad del sector (77% de los industriales). No solo el Estado aplica impuestos generales, sino también los gobiernos regionales y los municipios. En los últimos años, los gremios del sector privado como Fedecámaras, Conindustria y Consecomercio solicitan al Ejecutivo una flexibilización en la política fiscal o tributaria. Hasta ahora, son pocos los avances en esta materia.
«La sistematización de la estructura impositiva debe revisarse a como de lugar, evaluar cada uno de los aspectos involucrados para que no exista solapamiento, perturbaciones de los tributos respecto a las decisiones de la política monetaria. Este nuevo tributo debe revisarse, es imprudente, no va a favor de la racionalización del sistema tributario ni de la economía», indicó el empresario consultado.
Sin embargo, el gremialista sí considera que pedir una reforma tributaria en estos momentos «sería inconveniente». Explicó que ahora el Ejecutivo tendría más incentivo para crear contribuciones tributarias. Su afirmación lo basa en las dificultades que tendrá el Fisco para obtener recursos en moneda extranjeras tras el cese de las licencias petroleras.
