Este domingo y lunes, los ciudadanos italianos acuden a las urnas para pronunciarse sobre dos reformas clave: la reducción del tiempo requerido para obtener la nacionalidad y la revocación de leyes de liberalización laboral. Ambas propuestas han generado un intenso debate político, especialmente por la firme oposición del gobierno de Giorgia Meloni.
Actualmente, un residente no europeo sin vínculos de sangre o matrimonio con Italia debe vivir diez años en el país para solicitar la nacionalidad. La propuesta busca reducir ese plazo a cinco años, equiparándolo a la normativa de países como Alemania y Francia.
Los impulsores de la reforma—entre ellos partidos de oposición y ONG—afirman que hasta 2,5 millones de personas podrían beneficiarse de este cambio, incluido un importante grupo de inmigrantes que han contribuido económicamente al país. El Partido Demócrata (PD, centroizquierda) ha respaldado activamente la medida.
Sin embargo, Meloni y su coalición de extrema derecha han llamado a la abstención, alegando que la ley actual ya es suficiente y que Italia es una de las naciones con mayor número de naturalizaciones en Europa. De hecho, según Eurostat, en 2023 Italia concedió la nacionalidad a 213.500 personas, ubicándose en el quinto puesto de la Unión Europea en este aspecto.
Restricciones a la nacionalidad por derecho de sangre
A inicios de 2025, el gobierno de Meloni ya endureció las condiciones de adquisición de la nacionalidad por derecho de sangre, limitándola a dos generaciones. Antes, los descendientes de emigrantes italianos en América Latina, especialmente Argentina, podían solicitar la ciudadanía si demostraban vínculos con bisabuelos o tatarabuelos italianos. Con la nueva legislación, solo aquellos con padre o abuelo nacido en Italia pueden acceder a la nacionalidad, excluyendo a miles de solicitantes.
Cabe destacar que este referéndum no aborda la situación de los niños nacidos en Italia de padres extranjeros, quienes aún deben esperar hasta cumplir 18 años para solicitar la nacionalidad.
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El sindicalismo contra la liberalización laboral
El segundo punto del referéndum busca la revocación de cuatro leyes de flexibilización laboral, en un esfuerzo liderado por el sindicato CGIL, la mayor central sindical de Italia.
Según Maurizio Landini, secretario general de CGIL, la intención es reinstaurar protecciones contra contratos precarios, despidos y accidentes laborales que fueron eliminados en años anteriores. «Queremos revertir una cultura que ha hecho prevalecer los intereses empresariales sobre los derechos de los trabajadores», afirmó Landini en declaraciones a AFP.
La propuesta cuenta con el respaldo del Partido Demócrata, que busca recuperar el voto obrero tras haber apoyado en el pasado algunas de las leyes que ahora podrían ser derogadas. Según los últimos sondeos, el PD tiene una intención de voto del 23%, aún por detrás de Meloni, quien mantiene 30% de respaldo electoral.
Una votación con un desafío clave
Para que el referéndum sea vinculante, más del 50% de los electores deben participar. La estrategia del gobierno ha sido desincentivar la votación, apostando a que la baja participación invalide los resultados.
Italia enfrenta una decisión crucial con este referéndum, que podría definir el futuro de su legislación en materia de nacionalización y derechos laborales. Mientras los votantes acuden a las urnas, el país observa con atención los resultados que podrían marcar un cambio en las políticas migratorias y laborales.
