Saqueo y confiscación tributaria
Camilo London.- En medio del clima de descalabro político que vive el país ante lo que muchos entendemos como la evidente ruptura del hilo constitucional por la reiterada y sistemática violación de los principios y fundamentos que dan sustento al estado democrático, la actividad empresarial debe sortear múltiples escollos en materias diversas, como la económica, salarial y regulaciones asfixiantes. Se añade también, el problema de la inseguridad, tanto personal como de bienes, por la acción de una desbordada delincuencia que ha superado la capacidad de respuesta de los organismos policiales. Todo ello atribula al sector productivo, como ocurre también a todo ciudadano de este país.
Ya de por sí alarmantes las cifras de robos y atracos en establecimientos comerciales e industriales en Venezuela, que mantienen bajo un régimen atroz a los que asumieron el difícil rol productivo en el país, ahora es cada vez más frecuente la acción de saqueadores que en una acción criminal arremeten contra bodegas, comercios, galpones y vehículos de carga para hacerse de bienes que estos contienen, causando destrozos con saña.
La ya raquítica estructura productiva del país luego de más de década y media de un cerco que terminó logrando su reducción para dar espacio al modelo inspirado en la trágica aventura del siglo XXI, sin capacidad de atender de forma efectiva los requerimientos de la población por bienes esenciales que terminan siendo suplidos por la producción fuera de nuestras fronteras; ahora se exponen a perder lo poco que les queda de manos de corsarios que el Estado manifiestamente es incapaz de controlar, y que por su omisión termina siendo permisivo de tales conductas antisociales. Los saqueos en diversas ciudades del país han afectado al empresariado nacional, comprometiendo las fuentes de miles de empleos y la moral entera de la sociedad.
Pero no termina allí el viacrucis del sector empresarial, faltaba la corona de espinas, y esta fue obra previa del Ejecutivo Nacional que en la reforma del artículo 27 de la ley de Impuesto sobre la Renta de noviembre del año 2014, dispuso que las pérdidas del contribuyente en bienes del inventario de producción o productos para el comercio, no serán reconocidas como parte de las deducciones destinadas a cuantificar la renta neta.
Así, tales pérdidas deberán pagar además, impuesto a la renta inexistente. El no reconocer que las pérdidas en mercancía por causas fortuitas no atribuibles a la responsabilidad del contribuyente, constituyen de forma cierta y objetiva una afectación directa a su patrimonio y su capacidad económica, se traduce ello en la violación al principio de capacidad económica y al derecho a la propiedad, que resulta en una acción confiscatoria por medio del tributo.
La medida tributaria toma visos realmente cínicos cuando es el propio Estado el que está obligado a garantizar por mandato constitucional la seguridad de personas y bienes. Su ineptitud en lograr dicho fin, viene afectando a toda la población que se encuentra a merced del hampa, y ahora en suma, se castiga al afectado que desarrolla actividad económica sin reconocer estas pérdidas en la oportunidad de medir el resultado económico de sus operaciones sujetas al ISLR.
La negativa de reconocer a la Asamblea Nacional electa por una mayoritaria parte de la población, ha traído como consecuencia entre otros tantos infortunios institucionales, que este y otros temas relevantes en materia económica para establecer el marco regulatorio de la función productiva, haya sido diferido.
El momento político no parece dar cabida al entendimiento nacional en temas de economía y producción nacional, con lo cual se sigue beneficiando a las estructuras parasitarias que alientan la mafiosa importación de bienes con los pocos dólares que genera la renta petrolera. Esto ocurre en detrimento del país productivo, al mismo tiempo que el Gobierno Nacional parece haber abandonado el timón económico del barco a la deriva, con la corriente enfilándolo al precipicio.
Creo que debemos atender con urgencia lo atinente al sistema de regulación anacrónica sobre el sector productivo, que nos lleva aceleradamente a una situación de mayor atrofia económica que causa niveles alarmantes de deterioro de la calidad de vida en el país a los ciudadanos.
Corresponde en gran medida al gremio académico, profesional y empresarial como instancias de organización ciudadana especializadas, seguir impulsando los análisis y propuestas de cambio que junto al que se debe dar en materia política, más temprano que tarde permita perfilar estrategias y acciones inteligentes en los campos relevantes de la economía y la producción, y así encontrar el camino de progreso que el país anhela y merece. En este ámbito no se debe olvidar uno tan relevante como el tributario.
Licenciado en Administración Comercial de la Universidad de Carabobo, con especialización en finanzas y gestión de tributos, docente UCAB en Cátedra Tributaria, Consultor empresarial, Editor del Blog GERENCIA Y TRIBUTOS (gerenciaytributos.blogspot.com).
