Un país en crisis y sin IVA
Camilo London.- El IVA en Venezuela representa la fuente de mayor peso dentro del presupuesto de ingresos corrientes del Estado. Este tributo indirecto aporta el 60,46% de los ingresos tributarios que están contemplados en la Ley de Presupuesto Nacional del año 2016, con lo cual resulta evidente que es la fuente fundamental de financiamiento del gasto público en nuestro país.
Me incluyo dentro de los que sostienen que el Gobierno Nacional devoró en la última década y media, la mayor renta petrolera que Venezuela ha percibido en su historia, y donde no se tuvo la sensatez de crear los fondos de reserva indispensables para afrontar una reducción en los precios del principal rubro generador de las divisas que requiere el país. Al mismo tiempo, parece haberse trabajado para mermar sistemáticamente la capacidad productiva de las empresas nacionales, entre ataques directos a la industria nacional y un entramado jurídico de regulaciones asfixiantes, que solo ha conducido a acentuar la dependencia rentista petrolera financiadora de una insostenible economía de importación destinada a favorecer el empleo, la producción y el crecimiento económico de otros países proveedores de los productos que consumimos nosotros.
En momentos en los que enfrentamos una severa crisis fiscal, cuyo principal síntoma es la mayor inflación del planeta y la escasez de bienes en todos sus órdenes, que se traduce en un incremento sustancial de la pobreza de la gente y un deterioro de su calidad de vida. Se dan incrementos salariales que no llegan a cubrir el deterioro del signo monetario que el BCV lejos de evitar, parece propiciar con el financiamiento del déficit gubernamental que inexorablemente seguirá empujando al alza de la inflación. Se trata de un innegable estado de calamidad económica, que un reiterado Decreto de excepción en manos de una mala administración, no atiende las causas del problema y solo enfatiza en su agravamiento.
En este contexto, recientemente escuché la propuesta de la estimada dirigente política Vestalia Sampedro que plantea la suspensión temporal del IVA como medida para que el ciudadano recupere su poder adquisitivo. En la explicación de la proponente se hace énfasis en la dramática situación que representa que la inflación haga pagar más IVA a los ciudadanos, cuyo aporte está determinado sobre el precio de bienes y servicios. Con la suspensión del impuesto de forma temporal ella supone una mejora en la capacidad de compra de los ciudadanos y con ello un mayor dinamismo de la economía nacional.
Se trata de una propuesta que suena bonita, por así decirlo, especialmente para quienes padecemos el rigor de la crisis económica. Así cualquier ramita seca que nos ofrezcan puede ser asumida como una forma de mantenernos a flote por unos instantes más en este largo y dramático naufragio. Eso explicaría por qué los medios impresos, televisivos y digitales le han prestado tanta atención a la propuesta. Sin embargo, la misma obvia que una suspensión del IVA colapsaría aún más el ya paupérrimo sistema de servicios públicos del país, al restringir la fuente primaria de financiamiento del gasto público. Es una propuesta bien intencionada, una medida desesperada, pero no por ello pertinente.
Aun cuando estemos en absoluto desacuerdo con la forma en que un ineficiente y populista gobierno maneja los recursos públicos, sería algo descabellado aniquilar al Estado y con ello a toda una sociedad que tiene sostenimiento en dicha institución. El IVA es un tributo adictivo para los Estados y una vez que comienzan a consumirlo crean una dependencia tal, que su eliminación abrupta colapsa al sistema. No es el mejor tributo, por su regresividad, pero es innegable que es una fuente contemporánea de ingresos tributarios con altos niveles de eficiencia, como se ha entendido en tantos otros países del mundo. Revisar el impacto del IVA en bienes de la canasta básica es razonable, no así la suspensión del mismo.
Nuestro sistema tributario debe propender a los fines más elevados en los que se inspira la constitución del Estado. La buena administración de los recursos que aportan los ciudadanos con el sacrificio que conlleva el pago de los tributos, debe ser el clamor de la sociedad. Así lo han entendido los países en los que se propicia el desarrollo económico y el trabajo productivo como la fuente esencial de los recursos que requiere la sociedad para su progreso y bienestar.
El problema de nuestra economía no ha de ser sencillo resolverlo. Reclama inteligencia y buena técnica. Exige un cambio en lo político, en lo social y lo económico. Requiere un gran acuerdo nacional que se enfoque en el saneamiento de las estructuras corrompidas por una logia de perversos personajes que encontraron la forma de ganar poder y riquezas a costa de la miseria del resto del país que vive su tragedia en colas y listados de beneficencia. Personajes que se oponen encarecidamente a la solución prevista en la Constitución Nacional que permite invocar la consulta revocatoria como la mayor expresión de participación ciudadana popular del soberano para definir el destino del país.
Licenciado en Administración Comercial de la Universidad de Carabobo, con especialización en finanzas y gestión de tributos, docente UCAB en Cátedra Tributaria, Consultor empresarial, Editor del Blog GERENCIA Y TRIBUTOS (gerenciaytributos.blogspot.com).
