Las sanciones petroleras de Estados Unidos contra Venezuela, pese a que fueron reanudadas en abril, están bajo una suerte de alivio que permite a empresas extranjeras operar en el país caribeño, aunque con limitaciones e incertidumbre sobre lo que pueda hacer Washington ante la crisis desatada tras la controvertida reelección de Nicolás Maduro, advierten expertos.
Hasta hace un año pesaba sobre Venezuela un esquema de sanciones «fuertes» que fue flexibilizado el 18 de octubre de 2023 como incentivo para la celebración de unas presidenciales libres y competitivas, pero vencido el plazo de seis meses fijado por Estados Unidos, con posibilidad de prórroga, el alivio fue revertido parcialmente, al considerar que Maduro incumplió su compromiso.
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Desde entonces, según dijo a EFE el economista Luis Oliveros, se pasó a un esquema de licencias individuales otorgadas, mediante el que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) «estudia las peticiones» para «poder operar en Venezuela, pero siempre con límites» y «cierta incertidumbre», pues esas autorizaciones -advirtió- son «revisadas mensualmente» y «pueden ser paralizadas».
«Dependiendo de lo que esté pasando en Venezuela, ellos pueden decidir parar la licencia a (la estadounidense) Chevron, por ejemplo», explicó.
El papel de las transnacionales
En el último año, el país con las mayores reservas probadas de crudo amplió su cooperación internacional en el ámbito energético, con la firma de acuerdos con empresas como la española Repsol y la francesa Maurel & Prom, que recibieron licencias de Estados Unidos, en mayo pasado.
Oliveros señaló a las empresas extranjeras como las «responsables de que haya subido» la producción petrolera venezolana, que pasó de 786 mil bpd a 927 mil bpd desde octubre de 2023 hasta el pasado agosto, un alza del 17,9 %, según cifras oficiales recogidas en informes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Con información de EFE.
