¿Agenda tributaria en la crisis?
Camilo London.- Son momentos en los cuales resulta difícil prestar atención a otro tema que no sea el riesgo cierto de perder la democracia en el país ante la fractura del Estado de Derecho por el desconocimiento y ataque a la Asamblea Nacional, componente del Poder Público con la genuina representatividad del ciudadano que se inserta en el sistema de equilibrio que el modelo republicano estableció a partir de la declaración de independencia en el país desde 1811 y que la Constitución Nacional reproduce en claro reconocimiento de su vigencia.
No suficiente con el irrespeto a la voluntad del ciudadano que designó a sus representantes en la Asamblea Nacional, quienes desde el ejercicio despótico del Poder nos han llevado a este atolladero institucional de infaustas consecuencias en lo político, social, económico y fundamentalmente en su connotación humana; ahora se han aventurado a realizar una irresponsable y truculenta convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que a mi juicio es fraude a la Constitución Nacional, al desconocer que solo el pueblo soberano es quién puede llamar por vía del referéndum a la apertura de un proceso de esa naturaleza y significancia.
Sumado al problema político que escurre hacia todos los demás ámbitos de la vida nacional, muchos sostienen que durante la actual gestión gubernamental es clara la ausencia de una política económica coherente enfocada en la solución de los problemas que nos han llevado a ubicarnos al final de la fila del continente en esta materia.
Una elevadísima inflación devora el esfuerzo productivo de todos los ciudadanos y sus empresas, una contracción económica de proporciones dantescas y una pérdida de la confianza en que el gobierno pueda revertir el daño causado. Un panorama que resulta apocalíptico y que se materializa en mayores niveles de pobreza y miseria que en la práctica son más hambre y más enfermedad. Basta con ver la cotidiana tarea de tanta gente escarbando en las bolsas de basura a ver que consiguen para comer, o las largas colas de gente sometida a la limosna de la bolsa de alimentos con precios regulados para poder sobrevivir. Eso mientras el aparato productivo industrial está en niveles de paralización nunca antes vistos conforme reportan los gremios empresariales de ese sector.
En un país “normal” donde el presupuesto nacional es Ley emanada de su Poder Legislativo bajo el control de los representantes del ciudadano, resulta ordinario que ante un déficit fiscal se requiera un procedimiento de endeudamiento interno o externo, el aumento de los tributos o la creación otros, o bien la combinación de estas medidas con otras de política monetaria. Ello plantea una acción coordinada entre el Ejecutivo Nacional, el Parlamento y el Banco Central para enfrentar la crisis económica. Pero eso solo aporta un analgésico temporal, ya que ante una crisis estructural como la venezolana lo medular es la recuperación de la economía real y la capacidad de generar riqueza y crecimiento en ese ámbito. Ello depende de POLÍTICAS ECONÓMICAS acertadas; y de gente que dentro y fuera del país crea en ellas. En esas políticas la agenda tributaria tendría relevancia.
Pero Venezuela dejó de ser desde hace algunos años un país “normal”. Aquí no hay presupuesto en su estricto sentido, sino una lista de referencia presentada por el Ejecutivo Nacional al TSJ que asumió funciones del cuerpo legislativo para atender el desacato que le atribuye a la Asamblea Nacional el partido de gobierno. No hay control del presupuesto por parte del parlamento, ni control del endeudamiento, ni de seguimiento del rol que en la política monetaria debe ejercer el BCV en defensa del Bolívar. No hay representación del pueblo en la ecuación de equilibrio del Poder Público. En ese sentido, no hay democracia y padecemos las consecuencias de ello.
Por ello, hablar de política fiscal, y dentro de ella referirse al componente tributario, resulta ilusorio en el país en estos momentos. Esto será así mientras el Gobierno tenga plena libertad para financiar el déficit con la emisión de dinero inorgánico; causando con ello el más perverso de los impuestos, el de la inflación.
La agenda tributaria del país está por los momentos diferida, impracticable sin puntos objetivos que tratar mientras el problema esencial es resuelto, que no es otro que la recuperación de la democracia y en ella el rol preponderante de la representación ciudadana que se materializa en el modelo republicano que adoptamos desde nuestra independencia, es decir, a través de una Asamblea Nacional o Parlamento que tenga plena vigencia para ejercer las funciones previstas en el contrato social de la nación.
Pero a pesar de la crisis, debemos prepararnos, ir haciendo la tarea que se requerirá para que en un futuro que espero sea cercano, podamos restituir los valores esenciales del sistema tributario cuyas bases se plantearon en los artículos 316 y 317 de la Constitución Nacional que hoy está en peligro de extinción.
Licenciado en Administración Comercial de la Universidad de Carabobo, con especialización en finanzas y gestión de tributos, docente UCAB en Cátedra Tributaria, Consultor empresarial, Editor del Blog GERENCIA Y TRIBUTOS (gerenciaytributos.blogspot.com).
