En un giro legislativo que complica la estrategia fiscal del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, el Congreso de Brasil derogó este miércoles tres decretos presidenciales que aumentaban los impuestos a las transacciones internacionales.
La medida, impulsada por el Ejecutivo en mayo, buscaba incrementar la recaudación sin sacrificar el gasto social, pero encontró resistencia incluso dentro de la coalición oficialista.
Las disposiciones anuladas elevaban el Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF) aplicado a compras con tarjetas de crédito en el extranjero, remesas y créditos empresariales. El gobierno estimaba una recaudación adicional de 12.000 millones de reales (unos 2.100 millones de dólares) en 2025.
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El líder oficialista Lindbergh Farias advirtió que la derogación “significará automáticamente una restricción de los programas sociales, perjudicando a los más pobres”. Sin embargo, la oposición —liderada por el Partido Liberal del expresidente Jair Bolsonaro— argumentó que los aumentos impositivos habrían presionado la inflación, que ya se sitúa en 5,32% interanual.
El trasfondo de esta disputa es la regla fiscal que limita el crecimiento del gasto público hasta 2026. Lula intenta cumplirla sin renunciar a su agenda social, pero el rechazo parlamentario refleja el creciente escepticismo sobre su capacidad para equilibrar las cuentas sin ajustes estructurales.
Este episodio no solo representa un revés político para el Ejecutivo, sino que también reaviva el debate sobre la sostenibilidad fiscal en la mayor economía de América Latina, en un contexto de volatilidad cambiaria y presiones inflacionarias.
