Falacias de la constituyente
Fernando M. Fernández.- Un nuevo golpe al Estado y a la Constitución se dicta desde el poder constituido. Se trata del mayor fraude jamás imaginado contra el pueblo. También es una violación de derechos humanos. Se trata de una nueva constituyente para cambiar la República que ahora será comunal, es decir, comunista. Fuera la democracia, sustituida por la dictadura del proletariado: el mismo intento derrotado en el referéndum de 2007, ahora adornado como una salida a la crisis. La constituyente del 30J se basa en falacias.
Es cierto que la Constitución prevé que quien ostente el cargo de presidente tiene la iniciativa de una Asamblea Constituyente, pero, más cierto que eso es que SOLO la convocatoria la hace el pueblo, el soberano. En efecto, el pueblo tiene el monopolio de la soberanía. Ningún mandatario es soberano, siempre debe obedecer a su mandante: el pueblo. La vía es el voto universal, directo y secreto. Un ciudadano, un voto. Impedir eso viola derechos humanos políticos.
El truco de esta iniciativa constituyente fraudulenta reside en (i) hacer creer que tiene el poder de convocatoria. Ya está claro para todos, el Presidente solo tiene iniciativa como lo dice de forma expresa el artículo 347 constitucional, la convocatoria solo puede hacerla el pueblo; (ii) que el 50% de la base comicial estará integrada por los sectores que están en nómina del Ejecutivo; (iii) decir que los indígenas formarán parte de esos sectores (falso, los diputados indígenas de Amazonas siguen suspendidos por el TSJ. En fin, la estafa está a la vista. Solo ver los patéticos micros de las cadenas con los constituyentistas en su espuria campaña por votos sectoriales, evidencia la carencia de ideas, de credenciales y de formación, son solo marionetas que dicen la cartilla que les escriben.
Esta iniciativa fraudulenta, además, apunta a tener la 27ª Constitución desde 1811, todo un récord de inestabilidad, inseguridad jurídica y caudillismo. Ya la de 1999 fue todo un exceso, bastaba con reformar el modelo de Estado Social de 1961 para actualizarla a los tiempos de los derechos humanos. Pero, en todo caso, el promotor de la de 1999, Chávez, hizo de ella su baluarte. Al morir, ese fue su legado. Ahora su sucesor designado va en su contra.
Hay que recordar que estamos bajo 8 estados de excepción y emergencia económica absurdos, inconstitucionales, prolongados, prorrogados y fuera de toda lógica jurídica. Es la anarquía gobernando, fuente de errores, crueldad y violencia estatal. ¿Acaso puede ser el clima apropiado para que se convoque una Asamblea Constituyente? ¿Pueden garantizar la puridad del proceso de convocatoria y votación garantizar la paz si son ellos los causantes del caos? ¿Creen que pueden convencer al Pueblo de la necesidad de una nueva Constitución cuando han violado y deshilachado el texto que heredaron de su líder?
Lo cierto es que con una Constituyente sin fecha de finalización se podrá legislar sobre todo. También se podrán destituir todos los funcionarios: la Fiscal, el Presidente, los Magistrados, etc. Una constituyente den esos términos es ideal para hacer una purga entre los burócratas. Quien controle a los constituyentistas controlará también a los demás poderes públicos. Será el supermán, el superhombre, el puedelotodo. El golpe perfecto a los poderes constituidos. Los nuevos funcionarios de la nomenclatura revolucionaria deberán lealtad absoluta a su Amo. La dictadura del proletariado, con toda la violencia que le caracterizó desde el siglo XX en la URSS, China, Camboya, Corea del Norte y Cuba hasta nuestros días sustituirá a la democracia en Venezuela (Ver: Libro Rojo del PSUV).
Para impedir que se consume el fraude constituyente y la mayor violación de los derechos políticos de los venezolanos, la elección del 30J debería ser desactivada. Basta de falacias. Respeten nuestros derechos humanos. Así lo exigimos millones de venezolanos.
Abogado experto en Derecho Penal Económico/Criminal Compliance, con amplia experiencia como asesor de empresas en prevención de delitos económicos, anti-blanqueo de activos, anti-corrupción y anti-financiamiento del terrorismo.
