La IATA insta al sector petrolero a invertir más en combustible sostenible

Biocombustibles
Foto: Lufthansa Group

El sector del petróleo y el gas y los productores de combustibles alternativos deben redoblar sus esfuerzos para producir carburantes de aviación más ecológicos que ayuden a las aerolíneas a reducir sus emisiones de carbono, dijo este miércoles el economista jefe de la IATA.

Se estima que la aviación es responsable de entre un 2 y 3% de las emisiones mundiales de carbono y no es un sector fácil de descarbonizar en comparación con otras formas de transporte, como el transporte por carretera.

El combustible de aviación sostenible podría reducir las emisiones de la aviación hasta en un 80% y se considera la solución ecológica clave para el sector.

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Pero sólo representa el 0,2% del uso mundial de combustible de aviación, es decir, unas 500.000 toneladas métricas de producción, una cifra inferior a la prevista por la industria de la aviación, según datos de la IATA. Además, cuesta entre tres y cinco veces más que el combustible tradicional.

Sólo el 3% de los presupuestos de capital globales para petróleo y gas se invierten en la producción de SAF, mientras que los márgenes de beneficio son mucho mayores en el sector que en la aviación, que alcanzará un margen de beneficio del 2,7% en 2024, dijo la economista jefe de la IATA, Marie Owens Thomsen, en un acto con medios de comunicación en Ginebra.

«Está claro que esto tiene que cambiar», afirmó.

En 2050 se necesitarán 500 millones de toneladas métricas de SAF para cumplir los objetivos medioambientales, mientras que en 2030 se producirán 63 millones de toneladas métricas de SAF, según una previsión de la IATA.

Según la IATA, esta inversión no puede recaer únicamente en las compañías aéreas. Owens Thomsen calculó que las aerolíneas podrían gastar hasta 2.400 millones de dólares en 2024, además de sus costos habituales, para conseguir SAF.

Decenas de aerolíneas han firmado acuerdos de adquisición con productores de SAF de todo el mundo, especialmente a medida que aumenta la presión en Europa para cumplir los requisitos normativos que entrarán en vigor en 2025.

Reuters