La necesidad de crecer
José Grasso Vecchio.- La economía venezolana enfrenta dos retos fundamentales. Consolidar la baja de la inflación y emprender un ritmo de expansión de la actividad económica que permita incrementar los salarios reales y con ello el nivel de vida de los asalariados, justamente el estrato social donde hay que mejorar de manera inmediata. Ciertamente, los precios han venido mostrando una tendencia descendente a lo largo de 2024 apoyada en la estabilidad del tipo de cambio.
No hay soluciones rápidas, mágicas o milagrosas, el objetivo de crecer se puede lograr progresivamente. La gran batalla es continuar bajando la inflación y aumentar la productividad y de una forma asegurar una recuperación importante y sostenible de los ingresos. Es decir, en unos años se crece menos y en otros más, pero lo esencial es mantenerse en el promedio. Hay factores comunes a cualquier proceso de crecimiento de una economía, pero en Venezuela, aparte de ello hacen falta elementos adicionales.
Así, en el corto plazo es vital recuperar la demanda de bienes de consumo por cuanto este representa más del 65% del PIB y sin demanda no hay ni producción ni ingreso. Por tanto, un incremento de las remuneraciones para el sector público que emplea a más de ocho millones de trabajadores entre activos y pensionados del seguro social resulta fundamental. El tema es cómo financiar ese incremento de las remuneraciones de manera orgánica sin que se destape de nuevo la inflación. Ello remite a un tema que es condición necesaria y suficiente al mismo tiempo, el financiamiento.
En la presente coyuntura de la economía el financiamiento interno proveniente del gasto del Estado y crédito bancario es importante pero absolutamente insuficiente. En primer lugar, porque el sector público no cuenta con recursos suficientes para otorgar un aumento significativo y el segundo lugar para mover la actividad productiva el esquema de política monetaria en materia de encaje no lo permite. Por tanto, un aumento del gasto como una liberación del encaje pueden contribuir a la recuperación inmediata de la economía y el empleo, sin ninguna duda, pero la pieza fundamental reside en el financiamiento externo.
En tal sentido, el comunicado reciente del Comité de Acreedores debía Deuda Externa de Venezuela, en el cual anuncian de la contratación la firma Orrick, Herrington & Sutcliffe como sus asesores legales para un eventual proceso de renegociación de la deuda externa, es sin duda un hecho muy importante. Conviene mencionar que entre los acreedores que manejan fondos hay verdaderos pesos pesados de las finanzas mundiales tales como Greylock Capital, Grantham, T Rowe Price y Fidelity Investments, entre otros. Lo básico y cardinal de la posición de los acreedores es que Venezuela debe entrar en un proceso de renegociación de la deuda, con posterioridad a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en el entendido que las condiciones macroeconómicas del país no hacen posible, aunque quisiera, pagar el servicio de a la deuda en condiciones de atraso desde noviembre de 2017.
No obstante, como ya es harto conocido, cualquier proceso de restructuración de la deuda externa, tiene que pasar con un tipo de acuerdo con el FMI, por la poderosa razón de que esa institución es la que hace la revisión de las condiciones de la economía, el llamado artículo cuarto, que no se elabora desde 2008. Adicionalmente, es el FMI quien construye los escenarios de sostenibilidad fiscal que hacen posible medir la capacidad de pago de la economía. Cumplido esos casos, Venezuela accedería de inmediato a más de US$ 8.000 millones, equivalente a más del 12% del PIB, evento que le otorgaría al Estado venezolano una capacidad de gasto muy significativo para financiar el gasto de forma no inflacionaria, mientras se negocian otros acuerdos con entes multilaterales que abrirían espacios de recursos como son los casos del Banco Mundial, BID, entre otros. Ello sentaría las bases para un despegue económico casi de inmediato.
Todo ello complementado con una política petrolera que introduzca cambios menores pero sustanciales en la legislación que permita atraer capitales que hagan posible aumentar la producción en más de 120.000 barriles por día. De esta forma, entraría Venezuela en un ciclo de expansión de su economía con moderada inflación y mejores salarios, todo lo cual repercutiría en el bienestar de grandes masas de la población cuyos ingresos se han deteriorado debido a la alta inflación y la contracción de la economía.
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Abogado Universidad Católica Andrés Bello. Master en Derecho Comparado Southern Methodist University Dallas Texas; Advanced Management for Bankers Wharton School en Philadelphia. Inició su carrera bancaria en 1976, con más de 40 años de experiencia bancaria. Ha ocupado diversos cargos gerenciales y de dirección en importantes instituciones. Fundador y presidente ejecutivo de la Asociación Venezolana para el Síndrome de Down. Dictó clases de pregrado y postgrado en áreas de finanzas y banca en las principales Universidades del país.
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