El 8 de mayo de 2024, el Gobierno de Nicolás Maduro publicó en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.806 la Ley de Protección de las Pensiones y Seguridad Social Frente al Bloqueo Imperialista.
Este instrumento legal tenía como finalidad crear mecanismos para salvaguardar los ingresos de los jubilados afectados por las sanciones internacionales. El artículo primero de la norma establecía claramente su propósito: implementar acciones transparentes y participativas que permitan proteger los montos de las pensiones.
Sin embargo, según testimonios recogidos por Crónica Uno, muchos beneficiarios aseguran que sus ingresos siguen siendo insuficientes un año después de la entrada en vigencia de la ley.
La aplicación efectiva de esta ley sigue siendo cuestionada, mientras miles de adultos mayores esperan ver un apoyo real frente a la crisis económica del país.
Pese a los anuncios oficiales, los pensionados consultados coincidieron en señalar que, en la práctica, no han percibido mejoras significativas.
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Promesa incumplida
Mirna, profesora universitaria jubilada y pensionada, aseguró que la Ley no ha tenido efecto, ya que la pensión continúa siendo de 130 bolívares, cifra que considera insuficiente.
“La pensión es de Bs. 130 así el gobierno quiera hacernos creer otra cosa. Cuando uno cobra en el banco aparece que el depósito fue hecho por concepto de pensión del seguro social y cuando uno ingresa a la sistema Patria dice que el monto reflejado es por concepto del bono de guerra económica, que no es pensión”, dijo.
Explicó que, en su opinión, el verdadero propósito de la ley fue establecer una contribución especial para que el sector privado asumiera parte de la carga financiera del Estado respecto a jubilados y pensionados.
“El gobierno dice que aquí hay una recuperación económica, pero desde el año pasado ellos andaban buscando algún mecanismo que les permitiera bajar la carga que tienen cuando pagan la pensión”, opinó.
Señaló que, a pesar del esfuerzo de las empresas privadas para cumplir con esta contribución, el ingreso de los pensionados “es miserable” y no cubre las necesidades básicas.
“Hace algunos días se dijo que la pensión aumentó a $50, pero la verdad es que solo le aumentaron $5 al bono de guerra porque ya nos estaban pagando $45. Esto demuestra que no se está protegiendo por ninguna ley los ingresos de los pensionados”, recalcó.
Recursos para la campaña
Josefina, pensionada desde hace 12 años tras más de tres décadas de trabajo en una empresa privada, expresó su frustración por el supuesto aumento de la pensión anunciado por el gobierno.
“Todos pensamos que iban a aumentar la pensión en un mayor porcentaje, pero no fue así. En este país nadie puede vivir con $ 50 así lo paguen a la tasa del BCV. En mi caso me gasto el bono de guerra económica en 2 medicamentos para la diabetes”, reveló.
Aseguró que la Ley de Protección de Pensiones fue, en realidad, una estrategia del gobierno para captar recursos destinados a la campaña electoral, más que un esfuerzo por mejorar las condiciones de los pensionados.
“Con esa Ley lo que hicieron fue meterle la mano en los bolsillos a los negocios y a las empresas para buscar recursos para la campaña electoral del año pasado, aquí nadie pensó en los pensionados, porque muchos creímos en ese momento que nos pagarían más de $ 100 y no fue así”, recordó.
Resaltó que una pensión digna, que permita al menos sobrevivir, debería superar los $200 mensuales.
“La pensión mínima debería ser de $200, con eso se puede medio sobrevivir. A uno le da envidia como los adultos mayores de otros países viven muy bien con sus pensiones de vejez. Pueden comer, comprar sus medicinas y hasta viajar. Nosotros estamos muy lejos de eso”, afirmó.
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