Los inmigrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ingresan a Estados Unidos bajo el programa conocido como «parole» humanitario y reciben una autorización de entrada temporal de dos años, tienen 24 meses para cambiar sus estatus de permanencia a cualquier otro programa legal disponible, entre ellos el asilo.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) consultado por Univision Noticias, informó que a quienes no se les conceda asilo u otros beneficios de inmigración, deberán abandonar Estados Unidos al vencimiento de su período autorizado de libertad condicional o, generalmente, serán colocados en procedimientos de deportación después de que expire el período de libertad condicional.
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Cabe recordar que a finales de agosto de 2024 el DHS reanudó el programa de parole humanitario tras una pausa a inicios de mes.
Dicho programa admite para vivir y trabajar en Estados Unidos hasta 360 mil personas al año procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
El DHS indicó en un comunicado que, como parte de “una revisión interna”, adoptó varias medidas para fortalecer “la integridad» del programa y poder reanudar “la expedición de nuevos permisos de viaje» a los migrantes admitidos.
Ajustes al programa
El DHS incorporó una investigación adicional de los patrocinadores en Estados Unidos «para fortalecer la integridad de los procesos». Los patrocinadores son personas que viven legalmente en Estados Unidos y deben hacerse responsables de apoyar económicamente a los inmigrantes que quieran beneficiarse del programa, en caso de que lo necesitaran, «para evitar que se convierten en carga pública».
Las nuevas medidas incluyen, entre otras: un mayor escrutinio de los registros financieros y los antecedentes penales de los patrocinadores, una investigación adicional para identificar perfiles fraudulentos de patrocinadores y métodos de revisión reforzados para identificar tendencias de presentación de solicitudes en serie.
El DHS también exigirá a partir de ahora las huellas dactilares de los patrocinadores en Estados Unidos junto a una rigurosa investigación de antecedentes de los posibles beneficiarios.
