Un escenario ideal
Óscar Doval.- Si bien la crisis económica venezolana deriva de un cuestionable manejo administrativo del gobierno nacional, desde el 2017, cuando se impusieron sanciones financieras y comerciales contra el país, se precipitó la debacle económica que vivimos, como producto de la preocupación y resistencia que suscita nuestro país en la comunidad económica y el mercado internacional.
Sin duda alguna, las sanciones han limitado la capacidad de Venezuela para comerciar con otros países y obtener financiamiento foráneo, lo que deriva en una limitada oferta y precios elevadísimos de bienes y servicios, incluyendo alimentos, medicinas e insumos médicos, así como de servicios públicos, como la electricidad, agua, aseo y conectividad.
De hecho, la interposición de sanciones, según ha declarado el Departamento de Estado americano, buscaba producir una crisis económica en Venezuela que precipitara una dimisión del gobierno de Maduro y la transición a un gobierno opositor; lo que a claras luces no ha ocurrido ni ocurrirá.
Según un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las sanciones han causado pérdidas económicas a Venezuela por el orden de al menos 38 mil millones de dólares en los últimos años. Nuestras propias estimaciones en este tema, dan cuenta de pérdidas totales de 240 mil millones de dólares en los últimos 5 años, solo por concepto de ingresos petroleros.
La compleja situación económica de Venezuela ha hecho que muchas personas busquen refugio en otros países. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 6 millones de personas han huido de Venezuela desde el 2015, debido a la crisis humanitaria derivada de la precariedad económica que vive el país. Asimismo, los que nos quedamos hemos sido sumidos por las sanciones, en un nivel de pobreza que no veíamos desde hace muchas décadas.
¿Cómo incidiría la eliminación de las sanciones sobre la economía?
La eliminación de las sanciones estadounidenses, permitiría al país en el corto plazo, acceder a financiamiento internacional e inversiones extranjeras; así como a exportar petróleo y sus derivados, y otros commodities y productos terminados a cualquier destino sin mayores limitantes.
Los inversionistas y compradores internacionales y organismos de financiamiento extranjeros corren el riesgo de ser también sancionados si hacen negocios con nuestro país. Esto ha derivado en que los socios comerciales internacionales, como las multinacionales de hidrocarburos, capitales privados, así como la banca internacional se abstengan de plano a establecer relaciones comerciales con nuestro país.
La recuperación estructural de la economía nacional, pasa por una inversión que ronda en torno a los 100 mil millones de dólares en materia de infraestructura, así como en necesidades de capital de trabajo, para recuperar el sector petrolero, así como servicios básicos, salud y educación.
Lamentablemente, los americanos han supeditado el levantamiento de las sanciones a acuerdos políticos entre el gobierno y la oposición, lo que parece poco probable, sin importar que un 80% de la población esté en contra de las sanciones.
Por asuntos de índole político, 30 millones de venezolanos, hemos sido sancionados. Para aquellos que piensan que solo han sido sancionados los políticos y empresarios chavistas, resulta que de las más de 900 sanciones contra Venezuela, tan solo 200, son sanciones directas contra actores oficialistas, y el resto, son contra el país, contra usted y contra mí, que poca incidencia tenemos sobre el quehacer político nacional.
Cuando se beta a todo un pueblo, cuando se beta a 30 millones de venezolanos, afectando su devenir económico, al punto de producir un estrangulamiento de orden social, estamos hablando de que las sanciones tienen un aspecto casi genocida, que bien podría ser sujeto de cuestionamientos legales por tratarse de una violación de los derechos humanos más esenciales.
De allí la importancia de organizarnos como ciudadanos y gritar al mundo que los venezolanos, somos hoy sujetos de delitos de lesa humanidad, por la violación de derechos esenciales, como el derecho a la vida, a la alimentación y a la salud, por la imposición de sanciones, que de manera indiscriminada afectan a toda nuestra población, no solo a los políticos.
Lamentablemente, tanto en la oposición racional, como en los diferentes agrupaciones políticas y sociales que hacen vida en el país, vemos posturas bastante tímidas respecto a la perentoria necesidad de que las sanciones sean levantadas, por temor a que seamos identificados por los Estados Unidos, como acólitos del régimen venezolano, e incluso, que en lo personal seamos sujetos de persecución o sanciones por parte de los gringos.
Somos nosotros, los ciudadanos de a pie, los verdaderos dueños del destino del país, en lo económico, lo social y lo político. Me pregunto que estamos esperando, para denunciar a los tribunales internacionales y al mundo, la injerencia extranjera en nuestras vidas.
Consultor Financiero.
Presidente de MOORE GSF.
Presidente de Rendivalores Casa de Bolsa Agrícola.
Expresidente de Venecápital (Asociación Venezolana de Capital Privado).
