Priorizar la implementación del notificador electrónico para los municipios fue la primera tarea que se autoimpuso la mesa de trabajo conformada entre el Ministerio Hacienda, la Asociación Chilena de Municipalidades (AchM) y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) para reducir los costos en cartas certificadas por notificaciones de multas.
Cabe recordar que hace un mes, la Coordinación de Modernización del Ministerio de Hacienda se reunió con los alcaldes Tomás Vodanovic de Maipú y Claudio Castro de Renca, quienes se acercaron para buscar una solución conjunta que permitiera a las municipalidades reemplazar las cartas certificadas enviadas por correo tradicional, por un sistema digital que ahorre tiempo y dinero.
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En esa reunión los ediles señalaron que según un estudio elaborado por la municipalidad de Renca, en 2023 las municipalidades destinaron más de 20 mil 169 millones de pesos chilenos para financiar este servicio, de los cuales 16 mil 575 millones de pesos correspondieron a la Región Metropolitana.
De este último monto Renca desembolsó 478 millones de pesos y Maipú, 772 millones de pesos, gasto que corresponde al pago del servicio de envío y certificación (si aplica), y no consideran los gastos en papel, tinta, entre otros.
Tras ese primer encuentro se decidió formar una mesa de trabajo entre Hacienda, la AchM representada por el alcalde Castro, y la Subdere, la cual tuvo el martes 20 de agosto su primera sesión, con el objetivo de priorizar la implementación del notificador electrónico para los municipios, permitiendo así ahorrar costos que podrán ser destinados a otros fines municipales, informó el Ministerio de Hacienda de Chile en una nota publicada en su portal web.
Después de una extensa conversación en la que se presentaron los desafíos y posibles soluciones, la mesa de trabajo logró tres acuerdos que el Coordinador de Modernización, Rodrigo Lavanderos, destacó. “Primero, necesitamos contar con algunos habilitantes legales en los que ya estamos trabajando. Esto deberá abarcar, al menos, la Ley de Transformación Digital y también tendrá que incluir al poder judicial, específicamente a los Juzgados de Policía Local, que son clave para pilotar digitalmente».
«Segundo, decidimos iniciar un piloto tecnológico del notificador, aunque sin el peso legal de la notificación. Este punto lo definirá el alcalde Castro, representante de la Asociación Chilena de Municipalidades, con la misma asociación. Es un paso crucial, ya que nos permitirá contar con una contraparte técnica para comenzar a probar la herramienta. Y tercero, buscamos reducir el gasto de las municipalidades en notificaciones de multas de TAG a través de cartas certificadas. La idea es generar un segundo piloto a partir de esas multas, lo cual también requiere un habilitante legal, para reducir significativamente el costo de las cartas certificadas”.
Por su parte, el alcalde Castro, señaló que “valoramos la instalación formal de la mesa de trabajo entre el Ministerio de Hacienda, la Subdere y la Asociación Chilena de Municipalidades para avanzar en la instalación de un notificador electrónico para las multas TAG, lo que permitirá que los municipios evitemos un enorme gasto en cartas certificadas, tal como actualmente indica la ley. Establecimos una hoja de ruta para avanzar en cambios normativos y en capacidad técnica, que una vez implementados permitirán, a los municipios de la RM, ahorros superiores a los ingresos del nuevo Royalty municipal, que solo en el caso de Renca superan los 500 millones de pesos anuales y llegan a ser más de 20 mil millones de pesos en toda la región”.
El alcalde Vodanovic expresó, «lo que planteamos con el alcalde Castro no solo agilizaría varios trámites. También permitiría a todos los municipios de Chile liberar importantes recursos que hoy son usados en el envío de cartas, y que podrían ser destinados a mejorar los servicios municipales o a nuevas obras. Agradecemos la recepción que ha tenido el Ministerio de Hacienda para tomar acciones a favor de la modernización del Estado. Creemos en un Estado más eficiente en el uso de los recursos públicos, porque es un Estado con más capacidades para atender las reales urgencias de las personas».