El crimen organizado y la violencia se han convertido en un obstáculo central para el desarrollo en América Latina y el Caribe, según el nuevo Reporte Económico de América Latina y el Caribe (LACER, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, presentado este lunes.
El informe, titulado Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe, subraya cómo estos problemas agravan el ya frágil panorama económico de la región. Se proyecta que América Latina y el Caribe crecerá 2,1 por ciento en 2025 y 2,4 por ciento en 2026, lo que la posiciona como la región de menor crecimiento a nivel mundial.
La región enfrenta niveles alarmantemente altos de violencia letal vinculada al crimen organizado. Las tasas de victimización son tres veces superiores al promedio mundial, y las tasas de homicidios son ocho veces superiores.
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El reporte describe varios factores que contribuyen al auge del crimen organizado, incluyendo la creciente demanda mundial de bienes ilegales, intervenciones gubernamentales que han reconfigurado las redes criminales y la pandemia de COVID-19, que permitió a estos grupos consolidar su poder en zonas donde la presencia estatal es débil.
“El crimen organizado está proliferando rápidamente en toda la región, trascendiendo las fronteras nacionales y convirtiéndose en una amenaza generalizada. Este ya no es un problema aislado; exige un diálogo regional y global para impulsar soluciones y movilizar nuestra experiencia y recursos colectivos”, afirmó Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.
Esta proliferación tiene claras consecuencias para el desarrollo. El informe describe cómo amenaza la seguridad pública, frena el crecimiento económico y erosiona la integridad de las instituciones públicas. La incertidumbre en torno a los derechos de propiedad, la extorsión desenfrenada y la inseguridad generalizada incrementan los costos de transacción para las empresas, socavando la competitividad. Además, el desvío de recursos de seguridad pública de servicios esenciales como la salud y la educación supone una carga para países que ya enfrentan un alto nivel de deuda y desafíos fiscales.
“Combatir la delincuencia organizada no es solo una cuestión de aplicación de la ley; es una prioridad de desarrollo. Debilita la gobernanza, distorsiona la inversión y exacerba la desigualdad. Debemos abordar este problema de inmediato para evitar que se convierta en un lastre permanente para el crecimiento”, afirmó William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.
Para abordar estos desafíos, el informe insta a consolidar una agenda diseñada para fortalecer la capacidad del Estado contra la delincuencia organizada, incluyendo reformas policiales, la mejora de los sistemas penitenciarios y el fortalecimiento de los procesos judiciales. Para lograr el crecimiento y el desarrollo en la región es clave contar con instituciones bien equipadas.
Las políticas económicas también desempeñan un papel crucial en la lucha contra la delincuencia organizada, promoviendo el crecimiento y las reformas generadoras de empleo, a la vez que ofrecen a los jóvenes opciones a través de una mejor educación y formación profesional. Estas iniciativas aumentan el costo de oportunidad de la delincuencia, reduciendo su oferta laboral.
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