La diputada por el estado Miranda, Gabriela Peña, afirmó que la reforma de la Ley Orgánica de Contraloría Social se realizó con el objetivo de hacerla «sencilla y digerible».
«Nosotros vimos la necesidad de que se incorporaran procesos que le permitieran al pueblo de tener claridad para acudir cuando quieren realizar una denuncia, emitir un reclamo o una acusación», añadió.
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En entrevista para Unión Radio, Peña aseguró que el pueblo puede ejercer la contraloría social a través de una comuna.
«Nosotros hemos planteado que la contraloría social debe ser preventiva, mas no punitiva. Esto está permitiendo el control a la gente evaluar de manera sistemática y realizar seguimiento a cada actividad que se desarrolle en el territorio. Viene a ser una herramienta útil para la ciudadanía y permite evitar la corrupción», destacó.
La legisladora indicó que los funcionarios públicos deben dar la debida respuesta y en caso de no ofrecerla, pueden estar sometidos a sanciones.
Con información de Unión Radio
