Los legisladores mexicanos dieron el primer paso para eliminar varios organismos de control autónomos, entre ellos el regulador antimonopolio y el instituto de transparencia, como parte de una reforma más amplia.
La Cámara de Diputados del Congreso aprobó el miércoles el texto general de una propuesta constitucional para suprimir los órganos de control, con 347 votos a favor y 128 en contra. Los legisladores debatirán el jueves cada uno de los artículos del proyecto antes de que pase al Senado, donde la coalición gobernante solo necesita un voto más para alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar dicha legislación.
La propuesta busca acabar con siete organismos: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
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El gobierno mexicano respalda la legislación, bajo el argumento que la eliminación de los reguladores generará ahorros para las arcas públicas, reseñó Bloomberg. Las funciones de esos organismos de supervisión no desaparecerán, sino que serán asumidas por distintas secretarías, según la presidenta Claudia Sheinbaum. Los críticos del plan, sin embargo, dicen que pondrá en riesgo la independencia de las instituciones.
Organismos descentralizados
Entre los artículos en particular que se discutirán está una propuesta presentada el miércoles por Ricardo Monreal, líder del partido gobernante, Morena, en la Cámara Baja, para crear organismos descentralizados que garanticen que el regulador antimonopolio y el instituto de telecomunicaciones mantengan independencia técnica y recursos propios, a pesar de que algunas de sus funciones sean absorbidas por dependencias gubernamentales.
La propuesta de Monreal parece una señal de moderación tras las críticas de los opositores al plan, quienes argumentan que incluso podría poner en riesgo partes del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que será revisado en 2026.
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