El Gobierno de Panamá informó este lunes que paraliza por ahora la subida anunciada a las pensiones más bajas, de menos de 350 dólares, al no contar con la inyección de fondos prevista por la explotación de la polémica mina de cobre detrás de las peores protestas en el país en décadas.
«En vista de que estos recursos, como ha sido explicado, no han sido depositados en la cuenta de la (estatal) Caja de Seguro Social (CSS), nosotros estamos limitados para hacerlo efectivo», manifestó en una conferencia de prensa el director del ente de la seguridad social, Enrique Lau.
Este beneficio para unos 120.000 jubilados saldría del pago hecho la semana pasada por la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), correspondiente a sus obligaciones establecidas en el polémico contrato ley con el Estado, por la suma de 562,8 millones de dólares.
También puede leer:
Gobierno italiano anuncia la venta del 20% del banco más antiguo del mundo
El contrato fue sancionado por el presidente panameño, Laurentino Cortizo, el 20 de octubre pasado, tras ser aprobado por la vía rápida por el Parlamento, lo que ha generado las mayores protestas en décadas en Panamá. El pago de regalías fue depositado en una cuenta «restringida» hasta que se conozca un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el pacto minero.
«Nadie lo pueda tocar (ese dinero) hasta que se defina el futuro de esta relación contractual» con Minera Panamá, remarcó Lau.
Explicó que la CSS actúa como «agente pagador» y requiere para poder hacer efectivo este pago «que se deposite en la cuenta de nuestra institución dichos recursos para que podamos proceder a distribuirlos entre los beneficiados».
El Ejecutivo de Panamá también anunció este lunes que debido a los cambios recientes se contempla rebajar el presupuesto general del Estado para 2024, elaborado en julio pasado, que estaba previsto por un monto total de 32.754 millones de dólares, un 18,7% más elevado que el estimado para este 2023.
Así lo dijo el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, al señalar que esto se hará «dadas las condiciones que han cambiado en nuestro país», sin precisar si aludía al posible fin de la explotación de la mina tras las protestas que ya cumplen un mes.
«Estamos hablando de un presupuesto de un monto menor que el que originalmente habíamos presentado a la consideración de la Asamblea Nacional», apuntó, y dijo que será como un «nuevo presupuesto» y que se evalúan los diferentes escenarios de la futura configuración del mismo. «Es toda una tarea, no es una tarea fácil».
EFE