El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo llegaron este miércoles a un acuerdo sobre una ley sobre trabajadores en plataformas digitales que mejorará sus condiciones laborales y de protección social en la Unión Europea, al dejar de ser clasificados erróneamente como autónomos.
«Esta propuesta, que se ha inspirado en la Ley Rider española, supone un gran avance para las mujeres y los hombres que trabajan en plataformas digitales», destacó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en un comunicado.
Una vez que el acuerdo sea ratificado formalmente por el Consejo y el Parlamento, un paso previo necesario para su publicación en el Diario Oficial de la UE y su entrada en vigor, esta ley será la primera regional de estas características a nivel internacional, tras la española aprobada en 2021.
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La Ley Rider sobre trabajadores en plataformas de reparto ha sido una de las fuentes jurídicas de la directiva europea, según el Ministerio de Trabajo de España.
Según estimaciones de la Comisión Europea, la futura norma podría afectar a unos 5,5 millones de personas que erróneamente están clasificadas como autónomas en la Unión Europea, también conocidos como falsos autónomos.
Esta ley es, además, la primera en introducir las primeras normas de la UE sobre gestión algorítmica y el uso de inteligencia artificial en el lugar de trabajo, destacó por su parte el Parlamento en un comunicado.
«Este es un acuerdo revolucionario y el primer marco legislativo para los trabajadores de plataformas digitales. Tenemos transparencia y responsabilidad respecto de los algoritmos, tenemos mejores derechos para los trabajadores menos protegidos del mundo y tenemos una competencia justa para las plataformas», señaló la eurodiputada socialdemócrata Elisabetta Gualmini.
La política italiana se alegró de poder «decir a 40 millones de trabajadores de plataformas que Europa está ahí para ellos, también para los trabajadores más precarios».
En la actualidad, más de 28 millones de personas en la UE trabajan en alguna de las alrededor de 500 plataformas digitales de todo tipo (reparto, transporte, etc) que operan en los 27 países del bloque. De acuerdo con las estimaciones de la Unión Europea, en dos años esa cifra de trabajadores ascenderá a 43 millones.
La nueva directiva europea, ultimada esta madrugada tras más de 12 horas de negociaciones, prevé que los Estados miembros dispongan de procedimientos administrativos o judiciales para clasificar como personas trabajadoras por cuenta ajena a aquellas que trabajan en alguna de estas plataformas digitales.
Deberán cumplir al menos dos indicios de laboralidad para ser considerados como trabajadores por cuenta ajena, por ejemplo, cuando se da la circunstancia de que la plataforma es la que determina su remuneración o la plataforma la que controla el desempeño de la actividad profesional.
La directiva que se ha acordado prevé, además, sanciones para las plataformas que incumplan las disposiciones, así como procedimientos administrativos y judiciales a disposición de los trabajadores que se consideran mal clasificados.
Asimismo, será la plataforma la que deberá acreditar si una persona trabajadora lo es por cuenta ajena o es una autónoma.
La directiva refuerza la transparencia y el control humano de los sistemas automatizados de supervisión y toma de decisiones mediante algoritmos utilizados por las plataformas digitales, a la vez que reconoce derechos a los trabajadores y sus representantes.
La nueva normativa impedirá que las plataformas puedan utilizar sistemas automatizados de supervisión y toma de decisiones sobre el estado emocional de los trabajadores ni sobre sus conversaciones privadas, así como tampoco de sus datos biométricos.
La directiva impide además que cualquier decisión de terminar, restringir o suspender una relación laboral sea tomada en base a un algoritmo, al tiempo que los representantes de los trabajadores tendrán acceso a la información completa y detallada sobre los sistemas automatizados de supervisión y toma de decisiones utilizados por la plataforma.
Además, tendrán que ser consultados cuando se proceda a introducir cambios en esos sistemas.
EFE
