Los peligros eran evidentes. Los principales asesores económicos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se los habían señalado una y otra vez: cualquier intento de suavizar el plan de austeridad fiscal que se estaba elaborando provocaría un desplome —otro desplome— de los mercados financieros brasileños.
Sin embargo, Lula decidió que no le importaba y pidió a sus colaboradores que incluyeran una serie de medidas de reducción de impuestos para los pobres en el paquete presentado a finales de la semana pasada, con lo que se atenuaría el ahorro tan necesario que generaría el plan, reseñó Bloomberg.
Los mercados, como se había anunciado, se desplomaron de inmediato, borrando un 2,4% de una bolsa que ya llevaba meses cayendo y enviando la moneda a un mínimo histórico frente al dólar.
También puede leer: Jefe entrante del banco central brasileño apunta a «tasas más altas durante más tiempo»
Casi dos años después de su regreso al poder, Lula se encuentra repentinamente en un momento crítico. A sus 79 años, ya no es, como revelaron los acontecimientos de la semana pasada, el operador político pragmático que era hace dos décadas, dispuesto a hacer sacrificios cruciales para mantener a los inversionistas de su lado. La cuestión es si ahora es tan dogmático que seguirá resistiéndose a las peticiones de sus asesores de un paquete de recorte del déficit lo suficientemente agresivo como para estabilizar los mercados y, a su vez, toda la economía brasileña.
Predicciones
La caída del real de la semana pasada ya ha llevado a los operadores a predecir que el banco central tendrá que subir la tasa de interés de referencia hasta el 15% —en un momento en que muchos otros países están reduciendo los costos de endeudamiento— para mantener la inflación bajo control.
“El gobierno no está dispuesto a afrontar el costo político necesario para mejorar las perspectivas de las cuentas públicas”, afirmó Milena Landgraf, socia de Jubarte Capital en São Paulo. “Ha perdido la oportunidad de cambiar las expectativas”.
El plan prevé recortar unos 70 mil millones de reales (11 mil 600 millones de dólares) hasta 2026 limitando las alzas del salario mínimo, los ingresos de los empleados públicos mejor pagados y los bonos salariales a los trabajadores con rentas más bajas. Establece una edad mínima para la jubilación militar y prohíbe tanto la creación como la ampliación de recortes fiscales cuando haya déficit presupuestario primario, lo que excluye el pago de intereses.
Lea la nota completa aquí.
