El Gobierno portugués destituyó el mes pasado a la consejera delegada de la aerolínea de bandera TAP sin contar con una evaluación jurídica que avalase la medida, según ha reconocido el ministro de Finanzas, Fernando Medina, agravando así un escándalo de gran repercusión en torno a la empresa aérea estatal.
Sus declaraciones en el Parlamento portugués a última hora del jueves contradicen las afirmaciones realizadas un día antes por otros dos ministros, que dijeron que Lisboa había obtenido un dictamen jurídico que respaldaba la decisión. Esto aumenta las posibilidades de que el Estado pierda un posible pleito instado por los ejecutivos despedidos, que podría costar a las arcas públicas millones de euros, indica una nota de Reuters.
La creciente polémica en torno a TAP, que ya ha provocado dimisiones en el Gobierno portugués, podría obstaculizar los preparativos de Lisboa para privatizar la aerolínea, con sus principales competidores extranjeros, la alemana Lufthansa y la angloespañola IAG, propietaria de British Airways e Iberia, preparando el terreno para posibles ofertas.
La consejera delegada de TAP, la francesa Christine Ourmières-Widener, y el presidente de la aerolínea, Manuel Beja, fueron destituidos con causa justificada el 6 de marzo, después de que una inspección descubriera que una indemnización de 500.000 euros (547.750 dólares) a Alexandra Reis, antigua miembro del consejo de administración, fue ilegal.
Después de que Ourmières-Widener calificara su despido de «ilegal», el principal partido de la oposición, el conservador PSD, advirtió de que, a menos que la decisión cuente con el debido respaldo jurídico, el Estado podría perder un eventual litigio judicial.
La ministra portuguesa de Asuntos Parlamentarios, Ana Catarina Mendes, así como la ministra de Presidencia, Mariana Veira da Silva, afirmaron el miércoles que su Gobierno obtuvo un dictamen jurídico que respaldaba la decisión, pero se negaron a remitirlo al Parlamento para «salvaguardar el interés público».
Sin embargo, a última hora del jueves el ministro de Finanzas afirmó que los motivos de los despidos eran «muy claros», debido al carácter ilegal de la indemnización por despido, tal y como estableció la inspección oficial de finanzas, por lo que no llevaron adjunto ningún dictamen jurídico.
El líder del partido de extrema derecha Chega, André Ventura, dijo que «el Gobierno reconoce que ha mentido» e instó al primer ministro Antonio Costa a considerar si Medina es apto para el cargo.
En una publicación en la red social Twitter, el líder del partido Iniciativa Liberal, Rui Rocha, calificó la situación de «festival de incoherencias y falta total de respeto al Parlamento».
Reuters
