Un conjunto de excepciones a las sanciones petroleras a Venezuela, que Estados Unidos estudia autorizar, no resultarían en un aumento significativo de producción, sino que reorientarían barriles que actualmente van a su principal mercado de exportación, China, según expertos consultados por Reuters.
El Gobierno de Joe Biden planea proveer un amplio alivio de las sanciones sobre los sectores de petróleo y gas de Venezuela casi inmediatamente, dijo a Reuters una fuente de alto rango del Departamento de Estado, en respuesta a un pacto sobre garantías electorales para las presidenciales del 2024 firmado por el gobierno y la oposición.
Trinidad y Tobago anunció por su parte que Washington autorizó una enmienda a una licencia, otorgada en enero, para el desarrollo conjunto con Venezuela de un emblemático proyecto de gas natural.
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Venezuela ha producido un promedio de 780.000 barriles por día (bpd) de crudo en lo que va de año, por encima de los 716.000 bpd de 2022, pero aún lejos de una meta oficial de 1,7 millones de bpd para 2023.
Estados Unidos ha estado buscando formas de aumentar el flujo de petróleo a los mercados mundiales para aliviar los altos precios causados por las sanciones a Rusia y las decisiones de la OPEP+ de recortar producción.
Pero las posibilidades de que las exportaciones compensen los recortes son escasas, dicen expertos. Más de una década de mala gestión e inversión insuficiente, junto a las sanciones de Washington desde 2019, han restringido la capacidad de Petróleos de Venezuela (PDVSA) de regresar rápidamente a mercados pagadores de efectivo y ofrecer su crudo a precios justos.
La licencia petrolera más importante concedida hasta ahora por Washington como parte de su estrategia de flexibilización de sanciones ha sido a Chevron Corp en noviembre. Desde entonces, la compañía casi ha duplicado la producción conjunta con PDVSA y reanudó las exportaciones al antiguo principal mercado del país, Estados Unidos.
Sin embargo, con alrededor del 20% de la producción total del país, las empresas mixtas de Chevron no han podido cargar por sí solas todo el peso de la industria, especialmente mientras PDVSA lucha por captar capital fresco, importar equipos de perforación, reparar refinerías, avanzar en proyectos clave y asegurar asociaciones relevantes.
Inversión medular
Excluido de las cuotas de la OPEP, el país ha recibido espacio de sus aliados para bombear más, pero se espera que autorizar a los socios de las empresas mixtas de PDVSA uno por uno a expandir operaciones y exportaciones abrirá un lento camino hacia la recuperación, agregaron.
La producción petrolera de Venezuela crecería entre 170.000 y 200.000 bpd en los próximos dos años si Chevron, Eni y Repsol se apegan a los planes de expansión aprobados por Estados Unidos, y si Maurel & Prom obtiene un permiso similar para cobrar deuda exportando petróleo, dijo Francisco Monaldi del Instituto Baker de la Universidad Rice.
Venezuela también podría comenzar exportaciones de gas si progresan las negociaciones que Washington ha autorizado con Trinidad para proyectos conjuntos.
Con las autorizaciones potencialmente abriendo el camino para más exportaciones a Estados Unidos, Europa y el Caribe, se espera que una parte del petróleo venezolano que actualmente va a China siga desviándose a países occidentales, dijeron los analistas.
Los envíos petroleros de Venezuela a China directamente y a través de centros de trasbordo ya han caído en lo que va de año a 437.000 bpd desde 477.000 bpd en 2022, según datos de monitorización de embarcaciones.
Si Venezuela y China llegan a un pacto para reanudar los pagos de deuda y expandir proyectos petroleros conjuntos, eso podría agregar unos 100.000 bpd de producción en dos años, agregó Monaldi.
Pero con un alcance limitado en el alivio de sanciones y la ausencia de nuevas inversiones, es difícil predecir una producción total de más de 1,1 millones de bpd en los próximos años, destacó.
Si no hubiese sucedido lo qué todos sabemos, Venezuela no hubiese caído en su producción petrolera, la mayor culpa de nuestra situación la tiene EEUU que, por capricho y artaneria, se ha dedicado desde el 2015 a sancionar a nuestro país.