Esfuerzos globales para acabar con el trabajo forzoso podrían aumentar el PIB mundial, según la OIT

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Liberar a las personas del trabajo forzoso y reintegrarlas a la fuerza laboral podría generar un aumento del PIB de 611 mil millones de dólares impulsado por la demanda, revela un nuevo documento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Titulado «Acting Against Forced Labour: An Assessment of Investment Requirements and Economic Benefits«, el documento muestra que liberar a las personas del trabajo forzoso e incorporarlas al empleo formal podría generar 611 mil millones de dólares de PIB adicionales. Esto representaría una transferencia de los responsables de los delitos y la economía ilícita a los trabajadores liberados y la economía formal.

“Acabar con el trabajo forzoso es, ante todo, un imperativo humano y una obligación legal. Los beneficios financieros identificados en nuestro estudio también sugieren que tiene un claro sentido económico”, explicó Francesca Francavilla, economista principal de la rama de Fundamentos de la OIT.

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El documento muestra que el coste único de la puesta en marcha de intervenciones clave para combatir el trabajo forzoso se estima en 212 mil millones de dólares -o el 0,14% del PIB mundial-, aunque esta cifra sólo cubre los esfuerzos específicos y no incluye las reformas políticas y legales más amplias necesarias, según publicó la OIT en su portal web.

Más de 27,6 millones de personas están sometidas a trabajo forzoso en todo el mundo, según la publicación de la OIT 2022 Global Estimates of Modern Slavery. Esto supuso un aumento de 2,7 millones de personas en trabajo forzoso desde 2016.

“El riesgo del trabajo forzoso sigue amenazando a millones de personas en todo el mundo. Si queremos invertir esta tendencia y volver a la senda del progreso, necesitamos urgentemente invertir más en acción”, dijo Scott Lyon, investigador principal de Políticas de Proyectos de la OIT, Fundamentals.

El aumento previsto del PIB también supondría un incremento de los ingresos fiscales y un ahorro en los servicios destinados a las víctimas del trabajo forzoso. Estos recursos públicos adicionales podrían utilizarse para avanzar en los objetivos nacionales de desarrollo.

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