El 30 de junio de 2025, el Ejecutivo venezolano dictó el decreto N° 5.145, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.918 extraordinario, mediante el cual se modifica parcialmente el régimen del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable a las importaciones. La medida, según la organización Acceso a la Justicia, persigue tres objetivos: estimular la producción nacional, controlar las importaciones y aumentar la recaudación fiscal.
Sin embargo, la organización advierte que esta decisión genera incertidumbre jurídica, trámites administrativos adicionales y potenciales aumentos en los precios de bienes básicos importados, como alimentos, medicinas, fertilizantes y materiales agrícolas.
El decreto suspende la exención de IVA para los productos importados mencionados en la ley, salvo aquellos incluidos en un apéndice de 1.445 subpartidas arancelarias que podrían beneficiarse de exoneraciones de hasta un año, previo trámite ente el Comité de Comercio Exterior (Comex).
En la práctica esto significa que productos que antes ingresaban libres de impuestos ahora generan IVA, y quienes busquen evitarlo deberán realizar gestiones administrativas adicionales, con costos de tiempo y dinero que, eventualmente se trasladan al consumidor final.
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Incertidumbre jurídica
Acceso a la Justicia destaca varios puntos que generan inseguridad legal:
- Entrada en vigencia irregular: aunque publicado formalmente el 30 de junio, el decreto comenzó a circular en redes sociales hasta el 2 de julio y solo fue difundido en la web del Seniat el 4 de julio. Su vigencia comenzó el 5 de julio, lo que limita la transparencia y dificulta la impugnación legal.
- Uso cuestionable de la emergencia económica: el decreto se dictó invocando un estado de excepción que ya había expirado el 7 de junio, y la nueva declaratoria de emergencia se emitió posteriormente, el 8 de agosto. Esto, según Acceso a la Justicia, pone en duda la validez constitucional del decreto, aunque hasta ahora no ha sigo impugnado ni declarado nulo por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
- Confusión entre exención y exoneración: el decreto reemplaza exenciones legales (atribución del legislador) por exoneraciones administrativas (atribución del Ejecutivo), «esto implica que el Ejecutivo se atribuye competencias legislativas sin tener facultades, menos aún fuera del marco de un estado de excepción».
Desde la organización se advierte que la medida puede incrementar el costo de alimentos, medicinas y materiales agrícolas, afectando directamente la vida de los ciudadanos y especialmente de los sectores más vulnerables:
- Productos importados gravados: generan IVA incluso si son bienes básicos.
- Exoneraciones con trámites: obtenerlas requiere autorización del Comex y un certificado oficial, lo que genera demoras y gastos adicionales.
- Incremento en precios finales: el IVA trasladado al consumidor puede afectar el acceso a bienes esenciales, mientras los productos nacionales similares continúan exentos.
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— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) October 2, 2025
